PISA volvió a colocar frente a México un espejo que difícilmente admite complacencias. En los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE el pasado 8 de septiembre, los estudiantes mexicanos de 15 años evaluados obtuvieron 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, frente a promedios de 463, 461 y 482 puntos, respectivamente, entre los países de la organización. Apenas tres de cada diez alcanzaron al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas y alrededor de la mitad lo consiguió en lectura y ciencias. Pero quizá la discusión más importante ya no sea qué tan mal salimos. Podemos debatir las causas, señalar el efecto de la pandemia, recordar las desigualdades sociales, discutir las políticas educativas o cuestionar los alcances de una evaluación internacional. Todo eso es legítimo. Sin embargo, lo verdaderamente urgente comienza después del diagnóstico: ¿qué vamos a hacer ahora?
México lleva demasiado tiempo discutiendo la educación como si cada resultado obligara a comenzar de nuevo. Cambiamos planes, programas, organismos, libros, conceptos y discursos; cada administración llega con su propio vocabulario y, con frecuencia, considera sospechoso lo construido por la anterior. Después de décadas de reformas y contrarreformas, quizá debemos aceptar una verdad menos espectacular: la verdadera reforma educativa ocurre todos los días frente a un pizarrón. Y debería comenzar con un acuerdo elemental: todos los niños mexicanos, independientemente del lugar donde nacieron, del ingreso de sus padres o de la escuela a la que asisten, tienen derecho no solamente a estar inscritos, sino a aprender. Durante buena parte del siglo XX, el gran desafío fue ampliar la cobertura, alfabetizar, construir escuelas, formar maestros y llevar educación hasta comunidades donde nunca había existido. Fue una gran conquista social. Sin embargo, hoy enfrentamos otro desafío: convertir años de escolaridad en aprendizaje.
Un niño puede permanecer seis años en primaria y continuar teniendo dificultades para comprender un texto; aprobar matemáticas sin desarrollar razonamiento matemático; memorizar conceptos científicos sin aprender a formular preguntas o resolver problemas. Puede recibir un certificado que acredite haber estado en la escuela sin que ese documento garantice realmente lo que sabe hacer. Por eso México debería proponerse recuperar los aprendizajes fundamentales: leer y comprender, escribir con claridad, razonar matemáticamente, entender los fundamentos de la ciencia, argumentar, distinguir un hecho de una opinión, buscar evidencia y resolver problemas. No son aprendizajes conservadores ni progresistas; las matemáticas no son de izquierda, la comprensión lectora no es de derecha y el método científico no pertenece a ningún partido. Una educación puede formar ciudadanos solidarios, conscientes de las desigualdades y comprometidos con su comunidad sin renunciar al rigor académico. Educar también significa proporcionar herramientas para cuestionar incluso aquello que nosotros mismos enseñamos. Educar también significa enseñar a dudar.
El segundo paso tendría que ser recuperar la evaluación. Evaluar no significa castigar; significa saber qué aprendió un estudiante y qué no, dónde necesita apoyo una escuela, qué método funciona, dónde existen rezagos y qué formación requiere un maestro. Un sistema educativo que no mide seriamente sus resultados se condena a administrar percepciones. Dejar de medir un problema no hace que desaparezca. México necesita evaluaciones nacionales confiables, periódicas y comparables, no para elaborar listas de culpables, sino para tomar decisiones. Los resultados deben llegar oportunamente a maestros y directores y traducirse en apoyos concretos. La evaluación que sólo produce estadísticas sirve poco. La evaluación útil es la que modifica lo que ocurre en el aula.
El tercer paso pasa inevitablemente por los maestros. Ninguna reforma educativa puede llegar muy lejos si no fortalece primero a quienes tienen la responsabilidad cotidiana de enseñar. Esto no significa responsabilizar al magisterio de todos los males, sino reconocer que enseñar es una profesión demasiado importante para abandonarla a la improvisación. México necesita fortalecer la formación inicial docente, acompañar a quienes comienzan su carrera, ofrecer actualización permanente y construir una carrera profesional en la que preparación, experiencia, responsabilidad y mérito vuelvan a tener significado. También necesitamos reconciliarnos con una palabra convertida innecesariamente en sospechosa: exigencia. Exigir no significa excluir. Una escuela puede comprender las circunstancias de un estudiante y, al mismo tiempo, pedirle esfuerzo; puede apoyar a quien enfrenta desventajas sin renunciar a establecer metas. La verdadera inclusión no consiste en reducir la altura de la meta, sino en proporcionar a cada estudiante los medios necesarios para alcanzarla. Existe, además, una razón social para defender la exigencia académica: las familias con mayores recursos pueden compensar las deficiencias escolares mediante clases particulares, idiomas, tecnología, libros o cursos especializados; las familias con menores ingresos tienen muchas menos posibilidades. Cuando la escuela pública reduce su calidad, la desigualdad no disminuye: aumenta.
Para el niño cuya principal oportunidad educativa es la escuela pública, una buena clase de matemáticas, un maestro preparado, una biblioteca y una educación rigurosa pueden representar su mejor oportunidad de movilidad social. Las becas son importantes, la infraestructura es necesaria y evitar que un joven abandone la escuela por falta de recursos es una responsabilidad social; pero la política educativa no puede detenerse en la permanencia. El objetivo tiene que ser el aprendizaje. Ninguna beca sustituye una buena clase de matemáticas, ningún edificio reemplaza a un buen maestro y ninguna estadística de cobertura sustituye la capacidad de comprender lo que se lee. Existe, además, otra razón para actuar: México se encuentra frente a una oportunidad económica extraordinaria. Hablamos de relocalización de cadenas productivas, inteligencia artificial, electromovilidad, automatización, robótica, semiconductores y manufactura avanzada. Queremos atraer inversiones y convertirnos en uno de los grandes centros productivos de América del Norte; pero la geografía, por sí sola, no produce desarrollo. Podemos atraer fábricas; otra cosa es desarrollar tecnología. Podemos ensamblar una máquina; otra cosa es diseñarla. Podemos participar en una cadena global de producción; otra cosa es poseer las patentes, la investigación y el conocimiento que concentran buena parte de su valor. Para dar ese salto necesitamos técnicos, ingenieros, científicos, investigadores, programadores y emprendedores, y ninguno aparece espontáneamente cuando cumple veinte años. Su formación comenzó mucho antes, probablemente en una primaria donde un maestro consiguió que comprendiera una fracción, disfrutara un libro o descubriera que detrás de una pregunta podía existir una explicación científica.
El futuro industrial de México también comienza frente a un pizarrón. Por eso necesitamos fortalecer matemáticas y ciencias, recuperar la lectura profunda, enseñar inglés con mayor eficacia, desarrollar competencias digitales, impulsar la educación técnica y fortalecer universidades y centros de investigación. Sobre todo, necesitamos enseñar algo que ninguna tecnología podrá sustituir fácilmente: la capacidad de pensar. Pero quizá la reforma más difícil sea también la menos visible: la continuidad.
Un niño que hoy ingresa a primaria concluirá su formación profesional alrededor de 2043. Durante ese trayecto conocerá varios presidentes, secretarios de Educación, gobernadores, reformas, programas y libros de texto. Su aprendizaje no puede reiniciarse cada seis años. México necesita acuerdos educativos capaces de sobrevivir a los gobiernos: aprendizajes fundamentales, evaluaciones confiables, formación docente de largo plazo, fortalecimiento de matemáticas, lectura y ciencias, apoyo a las escuelas con mayores rezagos y metas públicas que permitan saber si estamos avanzando. Cada gobierno tiene derecho a establecer prioridades. Lo que no debería tener es el derecho de borrar la memoria institucional del país.
PISA 2025 no debería convertirse en otro episodio de indignación destinado a desaparecer con la siguiente noticia ni en munición para demostrar que un gobierno fracasó o que otro tuvo razón. Hacerlo sería desperdiciar nuevamente el diagnóstico. La discusión verdaderamente importante comienza ahora. Tenemos que decidir si queremos un sistema que mida su éxito sólo por el número de estudiantes que ingresan o también por lo que aprenden; si podemos hablar de evaluación sin convertirla en castigo, de mérito sin confundirlo con privilegio y de exigencia sin asociarla con exclusión. Tenemos que decidir si la educación seguirá siendo territorio de la disputa sexenal o si finalmente seremos capaces de convertirla en un proyecto de Estado. Porque no estamos educando a los niños para el próximo informe de gobierno ni para la siguiente elección. Los estamos educando para un país que todavía no existe. Y quizá ésa sea la lección más importante después de PISA. El problema ya no es saber dónde estamos; eso lo sabemos. El problema es decidir hacia dónde queremos ir y mantener el rumbo durante el tiempo suficiente para llegar. Las crisis educativas tienen una característica particularmente cruel: sus consecuencias casi nunca aparecen de inmediato. Una mala educación puede tardar veinte años en revelar plenamente sus efectos y, para entonces, una generación completa habrá pasado por las aulas y no habrá reforma, presupuesto ni discurso capaz de devolverle el tiempo perdido.
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