Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila
¿Cuánto limita la deuda pública la capacidad de un estado para crecer?
Por: Marcos Obed Preciado
Coahuila ocupa una posición singular en la economía mexicana, el estado es uno de los principales industriales y exportadores del país con suma importancia en las cadenas de suministro internacionales, sin embargo, el estado se encuentra ante cifras elevadas de deuda. La cuestión no se limita sólo a cuánto asciende la misma, sino a cuánto de sus recursos quedan comprometidos por esa deuda y qué margen conserva el gobierno para financiar inversión, infraestructura y políticas públicas capaces de elevar el crecimiento económico.
El origen del actual problema de deuda se encuentra en su incremento estatal hace más de una década. Desde entonces, ha sido objeto de restructuraciones y amortizaciones constantes, pero su saldo aún continúa elevado. Al cierre de 2025, la deuda del Gobierno de Coahuila ascendió a 36,078 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En este sentido, después de todo este tiempo, el estado continúa con una cantidad considerable de recursos públicos al pago de la deuda.
En agosto de 2026, el Sistema de Alertas de la SCHP registró para Coahuila un indicador de deuda pública y obligaciones equivalente 89% de sus ingresos de libre disposición, mientras que el servicio de la deuda representó el 7.7% de dichos ingresos.
El dinero destinado a intereses y obligaciones financieras no puede utilizarse simultáneamente para cumplir las necesidades mas urgentes del estado, como destinar mayor gasto en infraestructura o impulsar proyectos productivos en zonas con graves problemas económicos como la región centro. Para 2026 el presupuesto estatal contempla 3,555 millones de pesos relacionados con deuda pública, de los cuales 2,821 millones corresponden a intereses, es decir casi el 80% de los recursos públicos destinados a pago de deuda, sólo sirven para cubrir los intereses generados.
Si esta deuda se hubiese destinado a financiar infraestructura capaz de elevar persistentemente la productividad, atraer inversión y generar mayores ingresos para el estado, podría argumentarse que existe un retorno económico el cual pude justificar su costo, sin embargo los últimos datos económicos apuntan en la dirección contraria, con datos de 4 años seguidos en crecimiento negativo del PIB según el INEGI, 2023 con -0.6%, 2024 con -0.7%, 2025 con -1.9% y el primer trimestre del 2026 hay una caída de entre el -4.5% y el -4.7% en la actividad económica.
Claro está que, la caída económica de un estado industrial como Coahuila puede depender además de factores macroeconómicos externos como la desaceleración de la industria automotriz, la incertidumbre arancelaria, o la crisis interna de Altos Hornos de México (AHMSA).
La teoría señala que el endeudamiento puede ser una herramienta legítima para financiar infraestructura productiva cuando existe capacidad de pago y cuando los proyectos generan beneficios superiores al costo. El problema es cuando se vuelve una obligación permanente que limita el presupuesto sin generar beneficios a la capacidad productiva del estado.
La deuda en Coahuila no es sólo un problema contable, es el resultado acumulado de decisiones políticas que aún tienen consecuencias sobre el presupuesto presente. Después de más de una década la pregunta es: ¿cuánto desarrollo se ha dejado de financiar mientras se paga la deuda?
Una administración responsable de las finanzas públicas no se mide sólo por mantener una deuda bajo control, sino también su capacidad de transformar presupuesto público en mayor productividad, infraestructura y bienestar. Si la deuda limita esa posibilidad por años, entonces el costo de la deuda no aparece sólo en estados financieros, se manifiesta también en el crecimiento y bienestar de todos los coahuilenses.
