En sesión del Congreso del Estado, el diputado Guillermo Ruiz Guerra presentó una iniciativa por la que se adiciona el artículo 21 bis a la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Coahuila, para establecer unidades de inclusión laboral en dependencias y entidades, con el objetivo de promover, implementar y supervisar estrategias de accesibilidad e inclusión.
Las barreras físicas y arquitectónicas en los espacios de trabajo, así como la falta de condiciones, materiales y equipos accesibles, pueden limitar en las personas con discapacidad la incorporación y desempeño laboral. A ello se suman los prejuicios y estereotipos relacionados con la discapacidad, que pueden influir negativamente en los procesos de contratación y ascenso.
Todo ello puede ocasionar periodos prolongados de desempleo, dificultar su permanencia en el mercado laboral o propiciar su incorporación a la economía informal, lo que las coloca en una doble vulnerabilidad. Incluso quienes cuentan con un empleo suelen registrar ingresos menores en comparación con otros trabajadores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, sólo 3 de cada 10 personas con discapacidad están activas en el mercado laboral.
En Coahuila, desde el año 2019 se incorporaron medidas específicas para la contratación de personas con discapacidad en la Administración Pública Estatal y en los municipios. Ahora, el siguiente paso consiste en fortalecer los mecanismos institucionales para que estas disposiciones trasciendan el acceso al empleo y se traduzcan en condiciones efectivas de inclusión dentro de las instituciones gubernamentales.
Con ese propósito, la reforma impulsa la creación de unidades de inclusión laboral al interior de las dependencias y entidades, a fin de que las distintas áreas del gobierno cuenten con un mecanismo especializado que les permita atender las necesidades de las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo y dar seguimiento a las acciones necesarias para favorecer su permanencia y desarrollo profesional.
Por último, se propone priorizar la participación de personas con discapacidad en la designación para estar a cargo de estas funciones, a fin de incorporar su experiencia y perspectiva en la implementación y seguimiento de las acciones de inclusión laboral. (El Heraldo de Saltillo)
