En sesión ordinaria y mediante iniciativa, el diputado Guillermo Ruiz Guerra, presentó la reforma al artículo 8 de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila, a fin de que los programas de capacitación dirigidos al sector educativo fortalezcan las capacidades del personal que participa en la prevención y detección oportuna de posibles casos de riesgo, procurando que esta labor cuente con el acompañamiento de profesionales especializados.
Según las estadísticas del INEGI, en nuestro país las defunciones por suicidio han mostrado una tendencia creciente en los últimos años. En Coahuila, la problemática también representa un reto importante. Durante 2024, la entidad registró una tasa estandarizada de suicidio de 10.1 defunciones por cada 100 mil habitantes.
El diputado hizo hincapié en el trabajo que realiza la oficina Inspira Coahuila del Gobierno del Estado para la atención psicológica y el acompañamiento a los distintos sectores de la sociedad. Asimismo, reconoció la labor de la comunidad educativa para hacer de las escuelas no solo espacios de enseñanza-aprendizaje sino, sobre todo, entornos inclusivos, seguros y solidarios.
Para reforzar este enfoque integral de la salud mental, la UNESCO señala la importancia de que los Estados incluyan la promoción, la prevención, la intervención oportuna y la atención, adaptadas a cada contexto y ajustadas a los objetivos educativos. Bajo esta perspectiva, la iniciativa tiene como propósito fortalecer disposiciones contenidas en la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado, específicamente aquellas relacionadas con la participación del sector educativo; mediante la incorporación de mecanismos que permitan una actuación más especializada, organizada y efectiva dentro de los planteles escolares.
Actualmente, las disposiciones dentro de dicha ley establecen la importancia de desarrollar habilidades preventivas desde las escuelas; sin embargo, atendiendo la complejidad del fenómeno y la necesidad de brindar atención adecuada, resulta necesario que dichos programas sean impartidos preferentemente a profesionales en psicología o mediante un área especializada en la materia, mencionó Ruiz.
Por ello, la presente reforma busca que los programas de capacitación dirigidos al sector educativo fortalezcan capacidades del personal que participa en la prevención y detección oportuna de posibles casos de riesgo, procurando que esta labor cuente con el acompañamiento de profesionales especializados, dijo Ruiz.
Así mismo, se impulsan estrategias para aquellos centros educativos que no cuenten con psicólogos en sus plantillas, incluyendo en estos casos la posibilidad de que se designe al personal docente o directivo que pueda fungir como enlace de prevención y canalización temprana; a fin de que exista dentro del propio plantel una persona encargada de dar seguimiento a estas acciones, siempre bajo la guía especializada de la Secretaría de Salud, ahondó el diputado.
De igual forma, se propone implementar redes escolares de apoyo y contención de casos, vinculándolas con instituciones competentes que puedan asegurar una atención profesional oportuna, señaló Ruiz Guerra. (El Heraldo de Saltillo)
