Ante las dificultades que enfrentan miles de mujeres para lograr que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones, la diputada local Edith Hernández Sillas impulsó un punto de acuerdo para fortalecer las acciones que faciliten el acceso efectivo a la justicia en materia de pensiones alimenticias.
La legisladora señaló que, aunque en México se han aprobado distintos mecanismos legales contra los deudores alimentarios, en la práctica muchas madres continúan enfrentándose a procesos judiciales prolongados, falta de asesoría especializada, dificultades para acreditar los ingresos del deudor e incluso amenazas o intimidaciones cuando buscan hacer valer los derechos de sus hijas e hijos.
“Para muchas madres, conseguir una pensión alimenticia termina convirtiéndose en una lucha interminable. No están pidiendo un favor: están exigiendo un derecho que corresponde a sus hijas e hijos”, expresó Hernández Sillas.
La propuesta plantea exhortar a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal para que, en coordinación con sus homólogas estatales, las fiscalías locales y los poderes judiciales, se trabaje en la implementación de políticas públicas que permitan atender de manera más efectiva los problemas que enfrentan las mujeres frente a los deudores alimentarios.
Hernández Sillas destacó que uno de los principales retos es lograr que las disposiciones legales existentes realmente se traduzcan en resultados para las familias.
“Podemos seguir reformando leyes, pero si una mujer tiene que pasar meses o años entre fiscalías y juzgados para conseguir lo que legalmente corresponde a sus hijos, todavía tenemos mucho por hacer. La justicia tiene que sentirse en la vida diaria de las mujeres.”
Entre las problemáticas señaladas se encuentran el rezago y la lentitud de los procedimientos judiciales, las estrategias utilizadas para ocultar ingresos, la dificultad de muchas mujeres para pagar representación jurídica especializada, así como la falta de información sobre sus derechos y los mecanismos legales disponibles.
La diputada subrayó que garantizar una pensión alimenticia no debe verse únicamente como un conflicto entre adultos, sino como una responsabilidad relacionada directamente con el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Detrás de cada pensión que no se paga hay gastos de alimentación, escuela, salud y necesidades que alguien tiene que cubrir. Y en miles de hogares son las madres quienes terminan asumiendo solas esa responsabilidad. Necesitamos instituciones que les faciliten el camino, no que se los hagan todavía más difícil”, concluyó Edith Hernández. (El Heraldo de Saltillo)
