Los grupos parlamentarios «Alianza Coahuila», conformados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como la fracción parlamentaria «Evaristo Pérez Arreola» del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentaron una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza con el propósito de armonizar la legislación local con las recientes reformas constitucionales federales en materia de no reelección, nepotismo electoral, integración de los ayuntamientos y remuneraciones de servidores públicos electorales.
La iniciativa fue presentada durante la sesión del Congreso del Estado del pasado 30 de junio y turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y dictaminación.
El proyecto deriva de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025, relacionadas con la prohibición del nepotismo electoral y la reelección inmediata, así como de las modificaciones publicadas el 23 de abril de 2026, mediante las cuales se establecieron nuevas reglas para la integración de los ayuntamientos, límites presupuestales para los congresos locales y topes a las remuneraciones de las autoridades electorales.
En la exposición de motivos, los promoventes señalan que el objetivo es garantizar que el marco jurídico de Coahuila se encuentre plenamente armonizado con la Constitución Federal y fortalecer los principios de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales.
«Esta iniciativa se inserta en un ejercicio de responsabilidad institucional que reafirma el compromiso de nuestro Estado con la legalidad y el fortalecimiento democrático, al asegurar que las disposiciones normativas electorales estatales garanticen escenarios de equidad electoral, imparcialidad, alternancia y representación plural«, establece el documento.
Prohibición de la reelección inmediata
Uno de los cambios más relevantes consiste en incorporar al Código Electoral la prohibición de la reelección inmediata para diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Con ello, quienes ocupen alguno de estos cargos deberán esperar al menos un periodo constitucional antes de poder postularse nuevamente para el mismo puesto, en cumplimiento de la reforma constitucional federal.
Los promoventes consideran que esta medida fortalecerá la alternancia democrática y evitará que quienes ejerzan un cargo público obtengan ventajas indebidas frente a otros contendientes.
Frenan el nepotismo electoral
Otro de los ejes centrales de la iniciativa consiste en establecer expresamente la prohibición del nepotismo electoral, impidiendo que una persona pueda ser candidata cuando mantenga vínculos familiares o de pareja con quien ocupe el cargo al que pretende suceder.
La restricción aplicaría para personas que tengan o hayan tenido, durante los tres años previos a la elección, matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado con la persona titular del cargo.
Los legisladores argumentan que la medida busca evitar que determinados cargos públicos se conviertan en espacios de sucesión familiar.
«Garantizar la equidad e imparcialidad en las contiendas electorales, a partir de la prohibición del nepotismo electoral y de la reelección inmediata«, señala la exposición de motivos.
Menos regidores y síndicos
La iniciativa también incorpora las nuevas reglas constitucionales para la integración de los ayuntamientos, estableciendo límites al número de regidurías y sindicaturas que podrán integrar los cabildos municipales.
De acuerdo con los promoventes, esta modificación responde a la necesidad de hacer más eficientes los gobiernos municipales y ajustar su integración a criterios de racionalidad administrativa.
Asimismo, la propuesta armoniza las disposiciones relativas a la paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género, las cuales deberán observarse en la integración de los órganos de representación popular.
Límites a salarios de autoridades electorales
Otro apartado relevante de la reforma plantea adecuar la legislación local para que las remuneraciones de las y los integrantes de los organismos electorales de Coahuila respeten los límites establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que ningún servidor público puede percibir una remuneración superior a la de la persona titular de la Presidencia de la República.
Además, se elimina la posibilidad de otorgar prestaciones extraordinarias financiadas con recursos públicos que no se encuentren previstas por la legislación.
La iniciativa señala que esta armonización permitirá fortalecer la transparencia y la disciplina en el ejercicio del gasto público.
Armonización con la Constitución Federal
Los promoventes recuerdan que el Congreso de Coahuila ya había iniciado el proceso de armonización constitucional mediante una reforma presentada el pasado 23 de junio de 2026, por lo que ahora corresponde adecuar la legislación secundaria para hacer plenamente aplicables las nuevas disposiciones.
«Los Estados de la República deben armonizar, en lo conducente, sus textos constitucionales locales, así como la legislación secundaria respectiva«, se señala en la iniciativa.
De aprobarse el proyecto, Coahuila actualizaría su Código Electoral para alinearlo con el nuevo modelo constitucional impulsado a nivel federal, incorporando reglas más estrictas para prevenir conflictos de interés, fortalecer la alternancia política, garantizar la imparcialidad en los procesos electorales y hacer más eficiente la integración de los ayuntamientos y el funcionamiento de las autoridades electorales.
