Con el objetivo de reducir las lesiones graves y las muertes derivadas de accidentes en motocicleta, las diputadas y los diputados de los grupos parlamentarios «Alianza Coahuila», integrados por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de establecer como obligatorio el uso de cascos certificados por parte de conductores y acompañantes de motocicletas.

La iniciativa, presentada con la ponencia de la diputada Edith Hernández Sillas, propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 256 de la legislación estatal para que únicamente puedan utilizarse cascos que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SCFI/SSA2-2018, así como, en su caso, con normas internacionales reconocidas por el Estado mexicano.

El proyecto establece que portar un casco distinto al certificado constituirá una infracción y dará lugar a las sanciones previstas tanto en la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable como en los reglamentos municipales de tránsito y vialidad.

En la exposición de motivos, los promoventes advierten que el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas ha venido acompañado de un incremento considerable en los accidentes de tránsito y sus consecuencias fatales.

«La Organización Mundial de la Salud señala que el 23 por ciento de los accidentes vehiculares en todo el mundo corresponden a motocicletas, aunque en algunos países la cifra alcanza hasta el 50 por ciento», se expone en la iniciativa.

Los legisladores recuerdan que en México el número de motocicletas prácticamente se duplicó entre 2017 y 2022, al pasar de 3.59 millones a 6.8 millones de unidades, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), situación que también provocó un aumento en los siniestros viales.

Asimismo, el documento refiere que conducir una motocicleta implica un riesgo entre 10 y 12 veces mayor de sufrir un accidente respecto de otros medios de transporte, mientras que una de cada tres colisiones deriva en lesiones graves o muy graves que requieren atención médica especializada y largos periodos de rehabilitación.

Los promoventes también citan información de la Secretaría de Salud federal, la cual señala que los usuarios de motocicletas representaron el 30 por ciento de las personas fallecidas por siniestros viales a nivel mundial durante 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Además, recuerdan que en México fallecen cada año más de cuatro mil motociclistas en calles y carreteras, mientras que los jóvenes y adolescentes constituyen uno de los sectores más afectados por este tipo de accidentes.

Como parte de los argumentos que respaldan la reforma, la iniciativa cita información publicada por La Jornada, donde se señala que durante el segundo trimestre de 2025 los motociclistas concentraron el mayor porcentaje de personas fallecidas en accidentes de tránsito en la Ciudad de México, al representar el 44.7 por ciento del total de decesos registrados en ese periodo.

Los legisladores consideran que uno de los factores que incrementa la gravedad de las lesiones es el uso de cascos que no cumplen con especificaciones técnicas de seguridad o que son comercializados sin certificaciones oficiales.

«El casco es el elemento de protección más importante para reducir el riesgo de lesiones craneoencefálicas y fallecimientos en caso de accidente«, sostienen en la exposición de motivos, al destacar que diversos estudios internacionales demuestran que un casco certificado disminuye significativamente la probabilidad de sufrir lesiones fatales.

La iniciativa plantea que tanto el conductor como su acompañante estén obligados a utilizar cascos certificados, con independencia del tipo de motocicleta o del trayecto que realicen.

El texto propuesto para la reforma establece expresamente que: «Los conductores de motocicletas y sus acompañantes deberán portar cascos certificados que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SCFI/SSA2-2018 y, en su caso, con las normas internacionales reconocidas por el Estado mexicano«.

Asimismo, precisa que el uso de cascos distintos dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas por la legislación estatal y los reglamentos municipales.

En caso de ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Además, los ayuntamientos tendrían un plazo máximo de 45 días naturales para armonizar sus reglamentos de tránsito y vialidad, incorporando las sanciones correspondientes para quienes incumplan con esta disposición.

Los promoventes consideran que la medida permitirá fortalecer la cultura de la prevención, disminuir la gravedad de las lesiones derivadas de accidentes y homologar la legislación estatal con los estándares nacionales en materia de seguridad vial, contribuyendo así a proteger la vida de miles de motociclistas que diariamente circulan por las calles y carreteras de Coahuila.