La política tiene mala fama. No siempre sin razón.
En México solemos hablar de ella como si fuera una actividad inevitablemente contaminada por la corrupción o la lucha por el poder. Sin embargo, esa percepción suele olvidar algo fundamental que la política nació para resolver problemas colectivos. Su razón de ser es construir acuerdos para enfrentar desafíos que ninguna persona puede resolver sola.
Por esa razón, las democracias modernas han desarrollado mecanismos para vigilar y corregir el ejercicio del poder.
En ese contexto, el pasado 2 de junio se aprobaron tres reformas importantes para la vida democrática del país: una relacionada con el Poder Judicial, otra destinada a proteger la soberanía nacional frente a intervenciones extranjeras en los procesos electorales y una más orientada a impedir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a cargos de representación popular.
Las tres persiguen objetivos legítimos. Sería injusto negarlo. Sin embargo, también vale la pena preguntarnos si estas reformas atacan las causas profundas de los problemas o solamente algunas de sus manifestaciones más visibles.
Las reformas electorales mexicanas suelen parecerse a la reparación de baches después de una temporada de lluvias. Cuando aparece uno particularmente grande, las autoridades lo tapan. La medida es necesaria. Nadie quiere seguir cayendo en él. El problema es que rara vez nos detenemos a revisar por qué la carretera sigue produciendo nuevos baches año tras año.
Algo parecido ocurre con frecuencia en nuestra democracia. Detectamos una falla, creamos una nueva prohibición, agregamos una nueva sanción o construimos un nuevo requisito. Muchas veces es indispensable hacerlo. Pero pocas veces nos preguntamos qué está ocurriendo en nuestra cultura democrática para que esos problemas sigan apareciendo.
Porque la democracia no es solamente un sistema para elegir gobernantes. Es también un sistema para formar ciudadanos.
La legitimidad de las decisiones públicas no depende únicamente de que existan elecciones libres. También depende de que los ciudadanos comprendan, discutan y evalúen las decisiones que se toman en su nombre. Y ahí es donde seguimos teniendo una asignatura pendiente.
Durante años se dijo que el problema era que la ciudadanía no se interesaba por los asuntos públicos. Tal vez hemos estado mirando en la dirección equivocada.
Millones de personas aprenden historia, cocina, mecánica o finanzas a través de videos de pocos minutos. No parece que el problema sea la falta de interés por aprender. El problema es que muchas instituciones siguen explicando los asuntos públicos con un lenguaje que sólo entienden quienes trabajan dentro de ellas.
La opacidad del siglo pasado consistía en ocultar la información. La opacidad del presente muchas veces consiste en comunicarla de forma tan aburrida que el ciudadano termina sin entender exactamente qué cambió y por qué debería importarle.
Por eso la democracia mexicana necesita pasar de una cultura de aprobación de reformas a una cultura de comprensión y evaluación pública. No basta con informar que hubo una reunión, una iniciativa o una sentencia. La ciudadanía necesita saber qué cambiará en su vida gracias a esas decisiones. No basta decir que una reforma fortalece instituciones. Hay que explicar cómo mejorará los servicios públicos, o abrirá oportunidades.
Las instituciones suelen hablar de lo que hicieron. Los ciudadanos quieren saber qué cambió.
Una democracia fuerte no se construye únicamente aprobando reformas o impidiendo que lleguen malos candidatos al poder. Se construye cuando la ciudadanía comprende lo que se discute, participa en la conversación pública y puede evaluar los resultados de quienes ejercen funciones públicas.
Las reformas aprobadas representan avances importantes. Pero si queremos una democracia más sólida, necesitamos mirar más allá de los baches que aparecen después de cada tormenta.
La democracia mexicana necesita pasar de una cultura de aprobación de reformas a una cultura de comprensión y evaluación pública.
