Blindar elecciones… sin tocar al crimen
El gobierno federal ha anunciado que enviará al Congreso una reforma para que el INE cuente con nuevos filtros y herramientas para detectar posibles vínculos entre candidatos y grupos criminales. Sobre el papel suena bien, sin embargo, frente a un problema de esta gravedad, no bastan comisiones ni “nuevos mecanismos”. Desde el PAN hemos insistido en que los partidos que postulen candidatos vinculados al narco deberían perder incluso su registro. Pero, Morena que es el partido que sí ha postulado ese tipo de candidaturas, no duda en bloquear sanciones fuertes porque sería el principal afectado.
No se trata de “dichos de la derecha”. La FGR acaba de reconocer públicamente que el Cártel de Sinaloa logró infiltrarse en al menos ocho municipios de Morelos financiando campañas, intimidando candidatos rivales y colocando en los gobiernos locales a personas que hoy fungen como presidentes municipales y funcionarios. Entre los detenidos están el alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín Toledo Amaro, y el exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, señalados como parte de la red que permitió al cartel controlar extorsión, homicidios, secuestros y narcomenudeo en la región.
Al norte del país, el caso más emblemático es el de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y otros exfuncionarios por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Según las acusaciones, estos funcionarios habrían recibido sobornos, protegido a líderes del cartel de investigaciones y arrestos, y compartido información confidencial de seguridad para facilitar sus operaciones; incluso se relata que el grupo criminal habría apoyado la campaña de Rocha con intimidación y secuestros de opositores.
La fotografía se completa con una larga lista de alcaldes y exalcaldes morenistas detenidos o investigados en distintos estados, en operativos federales como “Enjambre” y casos documentados por medios nacionales, donde se les vincula con desvíos, protección a bandas locales o uso de recursos municipales al servicio de grupos criminales. En paralelo, México ha vivido procesos electorales en los que partidos de oposición reportan municipios con candidato único del oficialismo, bajo un clima de amenazas y asesinatos de aspirantes, como han documentado organizaciones y la propia FGR.
Todo esto explica por qué la iniciativa presidencial sabe a poco. Se propone crear una comisión en el INE para revisar perfiles y “cruzar información” con autoridades de seguridad, pero se elude la pregunta central: ¿qué pasa cuando quienes ya están en el poder –gobernadores, alcaldes, secretarios de seguridad– aparecen en expedientes de la FGR o de fiscales estadounidenses? No hay propuesta para suspender candidaturas de reelección, ni para obligar a los partidos a retirar el respaldo a funcionarios señalados, ni para castigar a las fuerzas políticas que sistemáticamente postulan a perfiles bajo sospecha.
Morena insiste en que su reforma es una muestra de voluntad para “blindar” la democracia del crimen organizado. Pero la realidad es otra: mientras no se toque a los gobernadores acusados, mientras no se asuma que el narco ya financió campañas y se sienta cómodo en varios palacios municipales, cualquier nuevo filtro será percibido solo como maquillaje institucional.
Si el gobierno quiere que esta iniciativa no sea un simple gesto para la foto, debería empezar por donde más duele: reconocer que el problema no está solo en “evitar que se cuelen candidatos”, sino en sacar del poder a quienes ya llegaron de la mano del crimen organizado y en asumir que, durante años, su propio partido abrió la puerta de las instituciones a esas alianzas al grito de “abrazos y no balazos”.
