No parece extraño que el hijo del panadero termine haciendo pan, o que la hija de una médica estudie medicina. En casi todos los oficios las habilidades se aprenden en casa viendo. Nadie se escandaliza por eso. Al contrario, solemos llamarlo tradición familiar.
Pero cuando hablamos de política, el tema genera mucho más ruido. Y, honestamente, ese ruido está bastante justificado.
En México llevamos años viendo cómo ciertos cargos públicos parecen heredarse como si fueran parte del patrimonio familiar. Alcaldías que pasan del esposo a la esposa. Gobernaturas construidas entre hermanos. Regidurías repartidas entre primos, sobrinos y cuñados. A veces las boletas electorales parecen más un árbol genealógico que una competencia democrática.
Por eso no sorprende que el pasado 23 de abril de 2026 se aprobara una reforma constitucional que busca poner límites al llamado nepotismo electoral. El decreto modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución e incorpora temas importantes como igualdad sustantiva, perspectiva de género, paridad horizontal y vertical, además de reforzar la obligación de neutralidad en el uso de recursos públicos.
Sin embargo, el punto más llamativo es otro: las restricciones para competir por ciertos cargos cuando exista un vínculo familiar reciente con quien actualmente ocupa el poder. Y ahí es donde comienza el verdadero debate.
Porque una cosa es impedir el abuso del poder y otra muy distinta castigar el parentesco.
Creo que el problema nunca ha sido que los hijos sigan los pasos de sus padres. Eso ocurre en casi todas las profesiones. Incluso en la reforma judicial apareció la discusión: ¿es correcto que el hijo del magistrado quiera ser juez? Claro que es correcto. De hecho, es perfectamente razonable. Creció escuchando argumentos jurídicos en la mesa, acompañando audiencias, entendiendo desde pequeño cómo funciona el sistema judicial. Lo raro sería que terminara queriendo ser piloto de Fórmula 1.
El problema comienza cuando el cargo público deja de ser una oportunidad abierta para todos y se convierte en una pista de carreras donde algunos arrancan cien metros adelante.
Porque no compite en igualdad de condiciones el hijo de un político que el hijo de un campesino. Uno crece rodeado de operadores políticos, relaciones, financiamiento,
estructura y acceso al poder. El otro, muchas veces, ni siquiera sabe por dónde empezar. Y justo ahí debería concentrarse la discusión pública.
No se trata de prohibir apellidos. Se trata de evitar ventajas indebidas.
La solución no debería ser impedir que alguien participe en política por tener determinado parentesco. La solución debería ser construir mecanismos reales de igualdad democrática como fiscalización efectiva, y controles contra el tráfico de influencias y condiciones que permitan competir también a quienes no nacieron cerca del poder.
Porque el parentesco, por sí mismo, no prueba corrupción. Llevar un apellido conocido no convierte automáticamente a nadie en una amenaza para la democracia. Existen familias con prácticas profundamente antidemocráticas, sí, pero también existen personas con trayectoria propia.
Por eso la reforma plantea una pregunta incómoda: ¿estamos combatiendo el abuso del poder o estamos comenzando a restringir derechos político-electorales con base en vínculos familiares? La diferencia importa. Y mucho.
Porque una democracia constitucional debe combatir privilegios, no parentescos. Debe sancionar el uso indebido del poder, no asumir automáticamente que toda relación familiar es corrupción potencial.
Además, la reforma tampoco resuelve todo lo que promete. No elimina las estructuras regionales de poder. No desaparece el clientelismo. No impide que las familias sigan teniendo influencia política. Y mucho menos garantiza, por sí sola, elecciones más equitativas. Lo que hace es limitar ciertos escenarios específicos de sucesión inmediata en el poder. Tal vez por eso el debate no es solamente jurídico. También es profundamente simbólico.
La reforma busca enviar un mensaje claro: el poder no debe heredarse. Y el mensaje conecta con un cansancio social real. La ciudadanía está agotada de ver la política administrada como negocio familiar.
Pero en democracia los símbolos importan menos que las reglas. Y cuando una Constitución empieza a restringir derechos con base en relaciones personales o familiares, el análisis debe hacerse con mucho cuidado.
Porque una democracia se debilita cuando el poder se concentra en unas cuantas familias. Pero también se debilita cuando el Estado comienza a decidir qué apellidos generan suficiente sospecha como para limitar derechos políticos. La discusión apenas comienza.
