Plan México: invierte tú… porque el gobierno ya no quiere
El gobierno federal relanzó el llamado “Plan México” con el entusiasmo de quien presenta un producto revolucionario en un infomercial de madrugada: ventanilla única, permisos exprés, trámites rápidos y promesas de certeza jurídica. Todo muy moderno, muy eficiente y muy “friendly” con la inversión privada. El problema es que, mientras en el Museo Nacional de Antropología se hablaba de confianza y prosperidad, las cifras oficiales volvían a hacer lo que más incomoda a Morena: arruinar la narrativa.
Porque resulta que la inversión pública federal se desplomó 15.6% real en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado. En términos simples: el gobierno está gastando mucho menos en infraestructura, justo cuando pide a la iniciativa privada que apueste por México. Y el dato más alarmante es todavía peor: la inversión directa en infraestructura de largo plazo cayó 40.4% real anual. Sí, cuarenta por ciento. Pero tranquilos, seguramente una nueva “ventanilla digital” compensará carreteras que no se construyen, redes eléctricas saturadas y puertos insuficientes.
La contradicción es extraordinaria. Por un lado, el gobierno anuncia que quiere atraer inversión; por el otro, deja sin ejecutar más de 100 mil millones de pesos programados para infraestructura en apenas tres meses. Es como invitar gente a una fiesta mientras se apagan las luces, se quitan las sillas y se lleva uno la comida.
Y eso ocurre justo cuando México debería estar aprovechando el nearshoring, esa oportunidad histórica derivada de la relocalización de cadenas productivas. En 2023 parecía que el país finalmente había encontrado una ola de crecimiento. Empresas buscando salir de Asia, inversionistas interesados en Norteamérica y México con una posición privilegiada por el T-MEC. Pero en lugar de consolidar esa oportunidad, el país entró en modo pausa. La inversión fija bruta acumula ya 17 meses consecutivos de caídas anuales. La construcción se frena, la compra de maquinaria se desacelera y la confianza empresarial se deteriora.
¿Y qué explica esa cautela? El propio sector privado lo dice con claridad en las encuestas del Banco de México: incertidumbre política, dudas regulatorias y preocupación sobre el futuro del T-MEC. Porque una cosa es escuchar discursos sobre “certeza jurídica” y otra ver cómo se amenaza constantemente al Poder Judicial, se cambian reglas en sectores estratégicos y se manda el mensaje de que los contratos dependen más del humor político que del Estado de derecho.
El “Plan México” parece partir de una idea profundamente equivocada: creer que el gran problema para invertir en el país es la burocracia. Claro que simplificar trámites ayuda. Nadie se queja de reducir permisos absurdos o filas interminables. Pero el verdadero problema no es cuánto tarda un permiso, sino cuánto duran las reglas. Un inversionista puede soportar papeleo; lo que no soporta es meter miles de millones de dólares en un país donde las condiciones cambian cada sexenio… o cada mañanera.
El resultado es un modelo bastante peculiar: el gobierno reduce su propia inversión, ahuyenta confianza con decisiones políticas y luego le pide a la iniciativa privada que haga el trabajo pesado del crecimiento económico. Una especie de capitalismo tropical donde el Estado quiere controlar todo… excepto pagar la cuenta.
Si México realmente quiere aprovechar el nearshoring y fortalecerse rumbo a la revisión del T-MEC, la fórmula no es tan complicada: más infraestructura, menos ocurrencias regulatorias y respeto auténtico a la ley. Pero, sobre todo, hace falta algo que parece prohibido dentro de Morena: entender que gobernar no consiste en administrar resentimientos ideológicos ni convertir el poder en negocio familiar.
Porque mientras el discurso oficial sigue prometiendo prosperidad, lo único que realmente se está acelerando en México es la desconfianza
