En Alicia en el País de las Maravillas, la Reina Roja le dice a Alicia que debe correr lo más rápido posible solo para permanecer en el mismo lugar. Algo parecido ocurre con los pueblos indígenas en México. Mientras el sistema avanza con ventanillas digitales y modernización energética, las comunidades tienen que correr el doble para apenas alcanzar condiciones mínimas de acceso. En materia de generación eléctrica, eso sigue ocurriendo.
El pasado 8 de mayo de 2026 se publicó el “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la implementación de la Ventanilla Única de Autoconsumo para la atención prioritaria, expedita y simultánea de trámites asociados a la generación de energía eléctrica bajo la figura de Autoconsumo”. Sí, el nombre parece contraseña de WiFi del gobierno federal, pero detrás de ese larguísimo título hay un tema crucial: quién podrá producir su propia electricidad en México y quién, otra vez, podría quedarse mirando desde afuera.
El acuerdo sí representa un paso importante para el Estado mexicano. El autoconsumo ya existía jurídica y operativamente, pero estaba fragmentado, lleno de vacíos regulatorios y trámites dispersos. La nueva Ventanilla Única no inventa el modelo, pero sí ordena su operación administrativa y lo incorpora formalmente a la nueva política energética nacional.
Traducido a la vida diaria: antes, quien quería generar su propia electricidad —por ejemplo, mediante paneles solares— debía recorrer un laberinto burocrático parecido al castillo de Kafka, pero con menos poesía y más copias certificadas. Ahora, el gobierno busca concentrar y coordinar en una sola ventanilla los trámites necesarios para proyectos de autoconsumo eléctrico. En teoría, suena bien. Y en buena medida, lo es.
El problema aparece cuando uno revisa algo elemental: ¿dónde quedaron los pueblos y comunidades indígenas?
El acuerdo prácticamente no habla de interculturalidad, acceso diferenciado ni mecanismos específicos para pueblos indígenas y afromexicanos. Y eso resulta paradójico. México se reconoce constitucionalmente como una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. El artículo 2 constitucional no es un adorno para ceremonias oficiales; es una norma viva que obliga al Estado a garantizar libre determinación, y desarrollo integral.
Porque la generación comunitaria de energía no solo significa luz. Significa acceso al agua, refrigeración de medicamentos, internet, educación y desarrollo comunitario. En pleno siglo XXI, dificultar la autogeneración eléctrica de los pueblos indígenas es casi negarles acceso a ciudadanía material.
Por eso sorprende que el acuerdo parezca pensado principalmente para quienes ya tienen capacidad técnica y capital económico. Mientras tanto, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando problemas de electrificación, intermitencia o altos costos de acceso energético.
En México, el consumo nacional de electricidad supera los 300 terawatts-hora anuales. Al mismo tiempo, cerca del 19% de la población se auto adscriben como indígena. Sin embargo, el consumo energético indígena difícilmente corresponde a ese porcentaje poblacional. La pobreza, marginación y rezago en infraestructura indican que las comunidades indígenas consumen menos electricidad no
porque la necesiten menos, sino porque históricamente han tenido menos acceso al desarrollo energético.
En un interesante estudio titulado Renewable energy and energy autonomy: how Indigenous peoples in Canada are shaping an energy future, investigadores de Queen’s University explican cómo distintas comunidades indígenas en Canadá han impulsado proyectos renovables para liberarse de dependencias históricas y fortalecer autonomía energética.
Y ahí aparece uno de los puntos más importantes del nuevo modelo de autoconsumo eléctrico.
Si el Estado mexicano impulsara verdaderamente esquemas de generación comunitaria indígena —paneles solares comunitarios, microredes locales o cooperativas energéticas—, los pueblos indígenas no solo reducirían sus costos y dependencia energética. También podrían convertirse en productores relevantes de energía limpia para el país.
Porque una cosa es acercar la puerta. Y otra muy distinta darle a todos la llave para entrar.
El riesgo actual ya no es solamente el viejo extractivismo petrolero o minero. Hoy también existe el riesgo del “extractivismo verde”: políticas ambientalmente modernas que terminan reproduciendo desigualdades históricas.
Desde una perspectiva jurídica, el acuerdo es compatible con la Constitución y con los compromisos climáticos internacionales de México. Pero desde una perspectiva de justicia energética e interculturalidad, se queda corto.
No porque excluya expresamente a los pueblos indígenas, sino porque los vuelve invisibles en el diseño operativo de la política pública. Y en derechos humanos, la invisibilidad también es una forma de exclusión.
México todavía está a tiempo de corregir el rumbo. La Ventanilla Única podría complementarse con programas específicos de energía comunitaria indígena.
Porque el verdadero éxito de una política energética no se mide solo en megawatts instalados o trámites resueltos. También se mide en quiénes fueron incluidos cuando se diseñó el futuro. Y hasta ahora, la nueva energía mexicana todavía no habla diidxazá.
