El presidente de la Canacintra Coahuila Sureste dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia vulnera incluso fuentes de empleo
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, advirtió que esta determinación genera incertidumbre entre el sector empresarial y podría impactar el patrimonio de las familias que dependen de estas actividades económicas.
El dirigente industrial señaló que, si bien esta medida tiene como objetivo combatir delitos como el lavado de dinero, también abre la puerta a posibles afectaciones derivadas de interpretaciones en su aplicación, lo que, dijo, podría vulnerar derechos fundamentales si no existen controles adecuados.
«Es una situación que nos pone en cierta incertidumbre, ya no solamente de lo que sucede internacionalmente ni en el tema geopolítico, sino en el tema local. El gobierno no está siendo sensible con todo lo que conlleva a un empresario poner su capital en un lugar o en otro», expresó este domingo para El Heraldo de Saltillo.
Reveles Márquez subrayó que la posibilidad de inmovilizar recursos financieros sin una orden judicial previa podría derivar en consecuencias directas para las empresas, particularmente en su operación diaria y en la estabilidad de los empleos que generan.
Asimismo, consideró que este tipo de decisiones abonan a un entorno de desconfianza para la inversión, al estimar que no se está tomando en cuenta a todos los sectores productivos del país.
«Creo que la forma de gobernar de la presidenta y de su gabinete siempre es hacia no ser imparcial o no gobernar para todos, incluidos los empresarios o la clase media, y somos la parte gruesa, los que sostenemos la economía», manifestó.
Cabe recordar que la resolución de la SCJN permite a la UIF inmovilizar cuentas cuando existan indicios de actividades ilícitas, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco de las facultades de prevención y combate al crimen financiero en México.
No obstante, representantes del sector empresarial han insistido en la necesidad de establecer mecanismos claros de supervisión y defensa jurídica, a fin de evitar posibles abusos y garantizar certeza para quienes participan en la actividad económica formal. (OMAR SOTO)
