Por fin llegó. En medio de los acontecimientos que terminaron con la muerte de un famoso delincuente y de la menguada emoción por un mundial de fútbol, la titular del Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.
La iniciativa, varias veces anunciada, deja espacios para múltiples comentarios y aclaraciones. Veamos:
- Contrario a la tradición de nuestra transición democrática, el documento no arribó con el consenso de la oposición, pero sí con el disgusto y malestar de la academia y las organizaciones democráticas de la sociedad civil.
- Nació muerta; la arrogancia o el desinterés de los redactores los llevó a no buscar el apoyo de los partidos aliados del régimen. Es sabido que las dirigencias del PVEM y el PT no participaron en la redacción de la propuesta y conocieron su contenido hasta fechas muy recientes.
- A diferencia de otras ocasiones, el gobierno solo envió la iniciativa de reforma a la Constitución y no la acompañó con la propuesta de modificaciones a las leyes secundarias. Al respecto hay tres hipótesis: a) no las tenían, b) no quieren anunciar el alcance de las mismas, que pueden ser demoledoras, o c) al saber que no tendrá éxito la de carácter constitucional, se evitan mayores reacciones de sus aliados y la oposición.
- La intención del régimen es más de construcción de una narrativa que de contribuir a mejorar la democracia mexicana.
- El texto no incluyó ninguna solución contundente para la mayor amenaza de la democracia del país: la intervención del crimen organizado en los comicios.
- Su presumido mecanismo para mejorar la elección de los llamados diputados plurinominales resultó un fiasco. En una redacción pésima, se diseñó una fórmula que, de aplicarse, provocaría mayores distorsiones en la representación, entre ellas, la intervención de los cacicazgos regionales en la selección de los legisladores y el uso de los famosos “acordeones” para “ayudar” a los electores.
- La cacareada austeridad electoral se redujo a proponer la disminución del financiamiento público federal a los partidos. Sin embargo, se abrió la posibilidad de que algunas entidades destinen más recursos para ellos. No se mostró nada sobre una reducción a los órganos garantes y esto tiene una posible explicación: los cambios se pueden realizar desde las leyes secundarias e incluso desde el Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Ante el aparente fracaso, los voceros del régimen han anunciado un ambicioso Plan B, donde, a decir de ellos, vendría una propuesta demoledora. Asumen que, aun siendo inconstitucional, la Corte les dará la razón.
La historia juzgará los tiempos que vivimos. Seguro, a los académicos que escriban y analicen lo sucedido les llamará la atención el contenido de la propuesta y la fallida operación realizada por el régimen, pero también la pésima redacción y las faltas de ortografía. El resultado sintetiza el fracaso de Pablo Gómez y su pandilla: la reforma se desechó.
