Monterrey.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Arturo Salinas es inelegible como Gobernador Interino y ordenó al Congreso elegir, conforme a lo establecido a la Constitución, a quien ocupará el cargo a partir del 2 de diciembre, cuando entre en vigor la licencia solicitada por Samuel García.
El resolutivo ya no contiene la instrucción al Legislativo local de valorar la propuesta de relevo planteada por García, quien defiende la designación Javier Navarro, Secretario General del Gobierno.
La resolución fue aprobada de manera unánime, aunque dos votos razonados y uno concurrente.
«No basta con quien encabeza el Poder Judicial local solicite una licencia», señaló Otálora.
«Por eso se propone revocar la designación del Gobernador Interino, en virtud de esta prohibición expresa.
«Se propone una vez revocado estos dos actos, ordenar al Congreso de NL que en ejercicio de su libertad soberana realice la designación de la Gubernatura Interina conforme a lo establecido en la Constitución, buscando los consensos dentro del Congreso local».
El proyecto de sentencia presentado por la magistrada Janine Otálora fue aprobado con apoyo del resto de los magistrados.
En su intervención, el Presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, apoyó en lo general la inelegibilidad, pero no en cuanto al incumplimiento del Artículo 118 de la Constitución local, que impediría la designación a una amplia gama de funcionarios, como secretarios de dependencia y legisladores, entre otros.
Pese a su observación no se hicieron cambios al respecto en el proyecto.
«Comparto el sentido de la propuesta, relativo a que no es elegible», explicó Rodríguez.
«Sin embargo, yo le daría un tratamiento un tanto distinto, no tanto por el artículo 118, en mi opinión no es elegible porque contraviene los artículos 49 y 116 de la Constitución federal».
También destacó que el proyecto de Otálora reconoce que la Facultad de designación es del Congreso local, pero consideró que a falta de reglas claras debería establecerse el análisis que se debe hacer en comisiones considerando propuestas que presenten las fracciones parlamentarias.
Sin embargo, la magistrada Mónica Soto señaló que plantear eso sería una intromisión en el proceso Legislativo.
«Nosotros no tenemos que decirles cómo hagan su trabajo», señaló.
«Es un poder soberano. Darles unos pasos a seguir estaríamos excediendo nuestras facultades, yo por eso acepté esta nueva versión, justamente en el punto tres».
Rodríguez insistió en que al señalar que se haga la designación conforme a ciertos artículos constitucionales ya se están poniendo reglas.
Recalcó que lo único que propone es que la Comisión de Gobernación del Congreso (que es a la que el toca el asunto) dictamine sobre todas las propuestas que hagan las fracciones parlamentarias.
«Esa comisión tendría que dictaminar todas las propuestas que se presenten en el seno de esa comisión y representan a los grupos parlamentarios de todos los partidos…. incluyendo a Movimiento Ciudadano, partido que postuló al Gobernador electo», dijo Rodríguez.
En tono molesto, Soto le pidió al Presidente no poner palabras en su boca porque ella no dijo que el asunto no era electoral, sino que establecer un procedimiento específico irían más allá de las facultades del Tribunal.
Señaló que el proyecto como está no implica dejar fuera de la posibilidad de hacer propuestas a las fracciones legislativas, y específicamente a Movimiento Ciudadano.
«No ponga palabras en mi boca», pidió.
«Entiendo que su preocupación es que no tomen en cuenta a MC para las propuestas».
Al final se votó el proyecto como había sido circulado, es decir si añadir alguna instrucción sobre el procedimiento a seguir en comisiones.
La resolución corresponde al juicio SUP-JDC-536/2023 promovido por el Gobernador, con el cual se acumularon otros cuatro recursos.
Tres de ellos -dos de Navarro y otro de Movimiento Ciudadano- fueron desechados por carecer de interés jurídico y de legitimidad para controvertir acuerdos del Legislativo.
Mientras que en el cuarto asunto se acordó revocar la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia local contra la designación de Navarro como encargado de despacho, al considerar que ese órgano no tiene facultades para resolver asuntos electorales.
El 25 de octubre, el Poder Legislativo otorgó a García licencia para ausentarse de su cargo por seis meses a partir del 2 de diciembre para participar en la elección presidencial del 2 de junio del 2024, y designó a Arturo Salinas como Interino para cubrir la ausencia.
En su solicitud de licencia, García había «avisado» que la persona que se quedaría a cargo durante su ausencia sería Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, sin embargo, esto no fue tomado en cuenta porque de acuerdo con la Constitución es el Congreso el que tiene que nombrar al interino.
A partir de ahí, el Gobernador y Navarro interpusieron diversos recursos para combatir el nombramiento de Salinas.
Acudieron a un Juez de Tamaulipas, al TEPJF y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Juez le concedió una suspensión definitiva a Navarro para permanecer en el cargo mientras el Tribunal o la Corte no emitieran sus respectivas resoluciones sobre el fondo del asunto.
El lunes, Javier Laynez, Ministro de la Corte, suspendió el nombramiento de Salinas, pero también el de Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, como encargado del Despacho, como pretende García.
Pese a esta última resolución, tanto el Gobernador como Navarro sostienen que la suspensión otorgada por el Juez tamaulipeco seguirá surtiendo efecto.
La resolución del TEPFJ se da luego de que la semana pasada fue pospuesta a petición de tres magistrados que señalaron que se requería más tiempo para el análisis
Originalmente la resolución de Otálora declaraba inelegible a Salinas y ordenaba al Congreso seleccionar a un interino procurando consensos y condiciones de estabilidad, y valorando la propuesta presentada por Samuel García. (AGENCIA REFORMA)
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