Ordenan a alcalde de Parras cumpla con la ley y pague pensiones

Ayuntamiento no ha cubierto el pago a 39 jubilados en todo lo que va del año; toma cartas en el caso el Congreso local

El alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, deberá restituir,  de manera inmediata, los pagos de sus pensiones a los 39 trabajadores jubilados del Municipio, a quienes les quitó está prestación desde enero del presente año de manera injustificada, violando la legislación laboral.

Así lo acordó por unanimidad la Diputación Permanente del Congreso del Estado, después de que el legislador independiente Edgar Sánchez Garza expusiera la situación que afrontan estas personas, de las cuales dos ya fallecieron por no contar con los recursos suficientes para atender sus necesidades prioritarias, como la salud.

Puntualizó que dichas personas que durante la mayor parte de su vida trabajaron para Parras, tienen ocho meses sin recibir un solo peso del Ayuntamiento, y ya atraviesan por una severa crisis económica por la falta de su pensión, que por derecho les corresponde como parte de su seguridad social.

“Con esta acción, el alcalde de Parras demuestra falta de sensibilidad y desconoce el concepto de dignidad con que deben ser atendidas las personas mayores, así como el secretario del ayuntamiento, Sebastián Zul, quien amenaza y maltrata a los 39 jubilados”, agrega

Sánchez, enfatizó que -como Poder Legislativo y representantes populares- no pueden permitir esta actitud prepotente que el alcalde Ramiro Pérez Arciniega y su grupo de colaboradores ejercen  sobre este grupo de trabajadores pensionados, porque solo han sido objeto de escarnio y burla por parte de ellos.

Lo anterior -agregó- es porque en reiteradas ocasiones de manera bromista les han dicho que tal vez sus pensiones se pagarían nada más hasta finalizar el 2021, es decir cuando termine su administración municipal.

Los afectados subrayan que sus documentos de jubilación están en regla, mismos que fueron  alterados y  falseando la información de esta papelería para salir a decirles que todos eran ilegales porque tenían muchas inconsistencias, pero sin llegar a comprobar jurídicamente ninguna.

“Los alegatos del Municipio de que son pensiones inconsistentes es totalmente falso. El  Municipio, a través de la secretaria del Ayuntamiento, la Tesorería y el departamento jurídico, están falseando y alterando información porque nadie  se responsabilizó de firmar estos documentos a pesar de que los jubilados acudieron en  tiempo y forma a comprobar el estado de estas prestaciones”, externó. (INFONOR)

 

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El Heraldo de Saltillo
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