Si el Estado es una unidad que actúa en la realidad histórico-social, no podemos esquivar el examen, siquiera somero, de la difícil cuestión referente al carácter de esta realidad social. El punto de partida ha de ser aquí la fundamental inconmovible afirmación de que la realidad social es efectividad humana, es realidad efectuada por el hombre. (Heller, H., Teoría del Estado, F.C.E.)
La exclusión social, se ha dicho, tiene un vínculo directo con el acceso precario o nulo a los derechos y condiciones que conforman la ciudadanía plena. Es decir, es la última etapa del proceso de desincorporación social y económica.
La exclusión no deviene de una sola causa, más bien es un problema multidimensional, tanto en lo que se debe a sus causas: desempleo, discapacidad, bajos ingresos, drogadicción, enfermedad, desintegración familias, etcétera, así como a las políticas públicas a establecer para su superación. Por tal motivo, partir de un buen diagnóstico es básico en el planteamiento de la solución del problema.
En los resultados de la medición de la pobreza en México publicados por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en el año 2016 el resultado indica que en México 43.6 por ciento de la población, o sea 53.4 millones de personas se encuentran en nivel de pobreza y en pobreza extrema 7.6 por ciento equivalente 9.4. millones de personas.
Dentro de los elementos que se consideran en esta medición se encuentran el nivel de ingreso; el rezago educativo; el acceso a servicios de salud; acceso a seguridad social; acceso alimentación; calidad y espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos en la vivienda.
Ante tal reto, una de las tareas centrales del actual gobierno federal mexicano será impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables.
Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados.
Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier perspectiva económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y para el fisco, que no puede considerarlos causantes.
El sector público deberá fomentar la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los empleos) y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.
El gobierno federal tendrá que fomentar las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria. (lopezobrador.org.mx)
Este será sólo un paso para superar el gran reto que tiene enfrente el gobierno de la llamada cuarta transformación; lograr que todos los mexicanos tengamos garantizados los derechos sociales universales. Implicará, además, contar también con planes específicos en el ámbito de desarrollo local, es decir, que todas las políticas públicas de desarrollo social lleguen a cada una de las comunidades del país y así lograr un México justo, sin exclusión alguna.
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
Autor
Otros artículos del mismo autor
COAHUILA22 noviembre, 2024Estamos sentando las bases de un gran proyecto para la Salud Mental: Manolo- OPINIÓN22 noviembre, 2024ESTE ES EL CAMINO
- OBITUARIO22 noviembre, 2024OBITUARIO
- SALTILLO22 noviembre, 2024Hombre lucha por su vida tras dispararse accidentalmente en ejido de Saltillo
