Decenas de miles de personas están siendo despedidas en las dependencias federales en todo el país; la mayoría de éstas, votaron por López Obrador pensando que con él como presidente les iría mucho mejor, pero nunca imaginaron que lo primero que éste haría, sería dejarlos sin trabajo, sin liquidación, sin aguinaldo, y sin perspectivas futuras.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado el despido del 70% de los trabajadores de confianza del gobierno federal, que ascienden a alrededor de 258 mil, según cifra del INEGI. Es decir, quedarían sin empleo cerca de 176 mil personas.
Así lo consigna Martín Moreno, en su artículo titulado Desempleo, el lado oscuro de la 4T, publicado esta semana en el sitio web SinEmbargo.
Por su parte, el periódico Excélsior difundió cifras mucho más alarmantes: “Si se convirtiera en una realidad la reducción de 70% de las plazas de los 318 mil empleados de confianza de la Administración Pública Federal, como lo han venido diciendo los funcionarios del nuevo gobierno, durante los despidos colectivos podrían superar los 220 mil”.
Y esto es verdad. Tan solo en Coahuila cientos de personas que laboraban en las dependencias federales han sido despedidas sin recibir una liquidación, como lo marca la ley. Así ocurrió en las oficinas de SAGARPA, en la SCT, en INFONAVIT, en SEDESOL y en muchas. No solo se fueron los delegados. El recorte también les tocó a los directores, subdirectores y empleados que ocupaban cargos de confianza.
Martín Moreno, en SinEmbargo, afirma que, después de perder a un hijo, nada es más doloroso que perder el empleo. Sin embargo, añade, esta tragedia parece no registrarse en el código de ética de la llamada Cuarta Transformación (4T).
“Hoy por hoy, los despidos se dan como un virus exterminador: en todos los niveles, sin contemplaciones ni mucho menos con opciones de reacomodo para miles de trabajadores del gobierno federal y capitalino.
La angustia es cuasi generalizada. Serían decenas de miles los empleados que, tan solo en diciembre, perderían su trabajo, agrega.
“La tabla rasa laboral utilizada por la 4T es tan insensible como inhumana: dejan sin trabajo parejo, sin importarles si es personal sindicalizado o de confianza. Meten la tijera cruel sin considerar a familias, necesidades, sueños y frustraciones. Recortan sin estudios profesionales previos o un análisis a fondo que permitan determinar qué trabajos son onerosos y cuáles son en verdad necesarios. La orden, es: que se ajuste donde sea urgente, y nada más. Ven a los empleados como simples números, no como seres humanos con necesidades cotidianas.
Vaya paradoja: AMLO arremetiendo en contra del neoliberalismo y, de entrada, su gobierno y sus colaboradores se comportan como neoliberales a ultranza: a despedir gente sin pudor y a raja tabla para que cuadren los números.
Hasta ahora, se le ha pedido a más de 52 mil funcionarios públicos su renuncia, desde jefes de departamento, subdirectores de área, directores de área, directores generales adjuntos, coordinadores de asesores, directores generales, jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y Secretarios de Estado (estos dos últimos niveles son más que justificados por razón del cambio de gobierno).
Y sobre este tema grave, el confiable columnista financiero Enrique Galván Ochoa, advirtió también en esa misma red social:
“Están interpretando y ejecutando de la peor manera las instrucciones del Presidente. Van a crear un problema social con tantos despidos”, señala finalmente Martín Moreno.
Los citan a través de WhatsApp para pedirles su renuncia voluntaria. Las renuncias del personal de confianza sin excepción, incluyen los niveles operativos (los más bajos) y servidores hasta con 33 años de antigüedad, publicó Excélsior
Firmar la renuncia no fue negociable pues al personal se le informó que se les liberaría un oficio por pérdida de confianza o se les negaría el documento de baja, indispensable para cobrar su seguro de separación.
En áreas completas de la administración pública federal, el gobierno está exigiendo renuncias del personal de confianza sin excepción, incluidos los niveles operativos (los más bajos) y servidores hasta con 33 años de antigüedad.
Excélsior entrevistó a una veintena de servidores públicos de diversas dependencias, a quienes se les exigió la renuncia, de las secretarías de Gobernación y de Economía; Comisión Nacional del Agua (Conagua); del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Instituto Nacional del Emprendedor y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Las peticiones colectivas de renuncias comenzaron en noviembre, como sucedió con Rose Mary Espinosa, de Conagua, quien recibió la noticia de su jefe inmediato. Sin embargo, en la mayoría de los casos documentados se exigieron entre el 3 y 11 de diciembre, para hacerlas efectivas el día 15.
De acuerdo con los empleados consultados, fue el gobierno federal el que exigió a directores, subdirectores y jefes de área salientes que entregaran las renuncias de sus equipos a más tardar el 30 de noviembre.
Algunos directivos sí acataron estas órdenes, como Jaime Hugo Talancón, director general jurídico en Materia de Delitos Electorales de la Fepade. Sin embargo, la mayoría de los directivos salientes se negaron a exigir las renuncias a su personal.
«A mi jefe le ordenaron que, antes de irse, debía correr a la gente, pero nos comentó que no iba a hacer el trabajo sucio», aseguró Elizabeth, del Inadem.
En las áreas donde los directivos salientes se negaron a despedir a su equipo, fueron las propias autoridades entrantes quienes lo hicieron.
Los argumentos que escucharon fueron los mismos: recorte del personal de confianza; desaparición de las áreas en las que laboraban; reducción del presupuesto; instrucciones para dejar la nómina en cero y cederla al nuevo personal. No fue negociable, se les liberaría un oficio por pérdida de confianza o se les negaría el documento de baja, indispensable para cobrar su seguro de separación.
Los servidores despedidos coincidieron en que las renuncias se llevaron a cabo de forma masiva, entre grupos de 10 y 40 personas. También que les entregaron ya las cartas redactadas con los espacios en blanco para colocar su nombre, fecha, firma y huella digital.
La mayoría de los despedidos ni siquiera llegaron a conocer ni mucho menos a entregar sus puestos al nuevo personal.
Por ejemplo, en la Dirección General de Finanzas de Presidencia llegaron sólo dos personas de la nueva administración, cuando desde el 5 de diciembre se les pidió la renuncia a aproximadamente 30 personas.
«Siendo la oficina más importante del país, por la cercanía y apoyo que ofrece al Presidente, tendría que haber sido la primera en completar su equipo, pero no cuentan todavía con éste», aseguró un empleado de dicha área.
Por más que muchos de los directivos salientes abogaron ante la nueva administración para que retuvieran a trabajadores que representaban casos especiales, no tuvieron éxito. María, quien laboraba en Los Pinos desde el sexenio de Miguel de la Madrid y estaba a tan sólo cuatro meses de jubilarse, tuvo que firmar su renuncia.
«Se expusieron nuestros casos, pero al final salimos sólo con nuestra quincena. Están destruyendo a familias enteras», reprochó María en entrevista con Excélsior.
A personal con discapacidad también se le pidió la renuncia. Tampoco se respetó a personal del Servicio Profesional de Carrera, como Patricia, a quien con 25 años de antigüedad en Gobernación le pidieron firmar su renuncia y sin darle los tres meses de indemnización que le correspondían.
«Nos están separando contra la ley. Nos están tratando como si fuéramos el enemigo, sólo por haber trabajado en administraciones pasadas», dijo.
Así las cosas, cientos de miles de personas, muchas de las cuales confiaron en que con AMLO les esperaba un futuro mejor, se han quedado sin trabajo, sin liquidación, sin aguinaldo, y con la angustia de no saber que les depara el próximo año. (Con información de SinEmbargo, HuffingtonPost y Excélsior)
https://www.sinembargo.mx/19-12-2018/3512665
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