OPINIÓN

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20 septiembre, 2018

Cuando en febrero 20 se inició la obra de ampliación de la carretera a Los Valdés, se habló en aquél entonces de una primera etapa que estaría concluida en dos meses, y de inmediato vendría la segunda, con una inversión adicional de 90 millones de pesos.

En mayo se conoció que la obra tendría demoras, pues se reconsideró el proyecto y se decidió aprovechar para la introducción subterránea de servicios.

Este jueves, a siete meses de iniciada aquélla obra que hoy está detenida, Manolo Jiménez reveló por qué no se ha podido continuar con la ampliación de esa vialidad: hay quienes están exigiendo indemnización por la «afectación» que tendrán en terrenos de su propiedad.

La historia no es nueva, pero no por ello es menor grave: la mezquindad de unos cuantos detiene una obra que beneficiará a la comunidad.

Y el gobernador Miguel Riquelme fue más allá, confirmó lo dicho por Manolo, y recordó que en Torreón la ampliación del bulevar Mieleras, indispensable para la zona industrial, tiene diez años entrampada porque un solo propietario se ha opuesto a que la vialidad pase por sus terrenos.

Por esa postura, se han perdido 120 millones de pesos que ya se habían conseguido de fondos federales para el bulevar Mieleras, cincuenta millones que gestionó Riquelme como diputado federal y 70 que consiguió como alcalde, y que como no se ejercieron hubo que reintegrarlos a la federación.

En Saltillo tenemos también el caso de la canalización del arroyo «del cuatro», se tuvieron disponibles recursos federales para la obra que evitará inundaciones en colonias residenciales del norte de la ciudad, pero no se pudieron ejercer porque dos o tres empresarios de la ciudad, que construyeron sus casas invadiendo y modificando el cauce, interpusieron amparos y ganaron por una mala defensa del caso en tiempos de Isidro López como alcalde.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades tendrían ya que tomar otro tipo de medidas e incluso impulsar reformas legales, eso sí muy cuidadas en el aspecto técnico jurídico para evitar que lagunas u omisiones permitan que luego triunfen en los tribunales los que siguen amasando fortunas con la especulación inmobiliaria.

Hace un poco más de 25 años, cuando se proyectaba el cuartel de la Sexta Zona Militar en Zapalinamé, los dueños de algunos de los terrenos que se requerían al conocer el interés de la Secretaría de la Defensa pretendieron venderlos en una suma desorbitada, se les hizo un ofrecimiento razonable y lo rechazaron seguros de que su tierra era indispensable y la venderían en lo que quisieran.

La Sedena promovió la expropiación por causa de utilidad pública, y los dueños recibieron una indemnización conforme a la ley: en base al valor catastral de los terrenos, mucho menor al valor comercial.

Son procedimientos que llevan tiempo y tienen también su costo, pero hay casos en que no se deja otra opción.

En cuanto a las reformas legales, ya algo se promovió cuando Jericó Abramo fue alcalde para aplicar un cobro mayor del predial a los terrenos que se reservan los especuladores, pero no ha sido suficiente.

Habría que comentar también que no todos los terratenientes están en la misma actitud, Riquelme y Manolo pusieron de ejemplo a quienes cedieron terrenos para la nueva obra que se inició el jueves de esta semana, la ampliación a cuatro carriles del bulevar Los Pastores.

De las características de la obra no se está contemplando un carril para ciclovía, como sí se prometió en Los Valdés, harían bien las autoridades en revisarlo y que todas las nuevas vialidades tengan en cuenta esa posibilidad; y que también estén previstas, en Los Pastrores, paradas del transporte urbano fuera de los carriles de circulación, a futuro eso evitará problemas.

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Donde más contentos se pusieron con los cambios de esta semana en el Congreso local fue en el DIF Coahuila, y no quienes fueron colaboradores de Jaime Bueno Zertuche en las dos ocasiones que lo dirigió, sino en general funcionarios y personal de todas las áreas que agradece el haberse librado de Jesús Andrés Loya, quien entronizado en la coordinación sureste del organismo hacía y deshacía a su antojo como si fuera una cosa propia.

Loya disponía de recursos, ordenaba y generaba grillas internas sin importarle rangos ni jerarquías, nunca entendió que le habían encontrado acomodo como un recomendado, de Samuel Rodríguez precisamente, y su comportamiento era más el de un dictadorcillo.

Hoy, con fuero, sueldazo y viáticos andará soñado, mientras le dure, pues no hay que descartar el regreso de Samuel, pero en el DIF ya descansan de Loya y aunque deben buscar un perfil nuevo están seguros de cualquier solución es mejor a lo que había.

Se ha pensado en la posibilidad de traer a José Arturo Rangel, que actualmente tiene la coordinación del DIF en La Laguna, pero está dando buenos resultados en esa encomienda donde sustituyó a Dulce Pereda, que en enero se incorpora junto a José Antonio Gutiérrez Jardón como ediles de oposición en el Cabildo de Torreón.

De la licencia de Samuel se dice no fue un tema de salud, ni legal, ni tampoco de diferencias políticas, más bien un problema de temperamentos, lo cual deja abierta la posibilidad de que ya con la mente fría haya una reconsideración.