SEGURIDAD

Acusan a Juez por litigación prohibida

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29 agosto, 2018

Karlota Yadhira Velázquez De Luna, Juez de Primera instancia en Materia de Ejecución, fue denunciada este miércoles por el delito de litigación prohibida ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, por parte de la abogada litigante Éricka Gabriela Castillo Sifuentes, quien aseguró que teme por su seguridad ya que ha sido hostigada a título personal.

El delito consiste en «aleccionar» o decirle al Ministerio Público lo que él tiene que manifestar dentro de una audiencia, lo que está prohibido por el sistema de justicia, ya que, si un juez tiene que hablar con alguna de las partes, de entrada, ambas deben estar presentes, además al incurrir en aleccionarlo se deja fuera el derecho de contradicción que en su momento la otra parte del proceso puede tener.

De acuerdo a la abogada, la práctica se realiza con miras a obtener un beneficio personal ya sea para ella o para el Ministerio Público y se tiene como prueba un video en el que aparece la juez, el agente Mauricio Fernández Hernández y Roberto Siller, Representante Legal de la Industria Penitenciaria; además de que participa también el Notario Público Fernando Martínez Garza, «ellos lo que hacen es coludirse para manejar el monopolio de la cuestión de ejecución, que son los beneficios que te otorga la ley como preliberación, si entra algún otro abogado lo que hacen es bloquearlo para seguir».

Además mantiene una relación cercana con el Representante Legal de la Industria Penitenciaria, lo que fue presentado con fotos como prueba por parte de la abogada, «ese es un delito, ella está impedida para conocer de cualquier juicio en donde ella tenga un parentesco, un vínculo familiar o de amistad, un conflicto de intereses con cualquiera de las partes que intervenga dentro de las audiencias».

«En mi caso la señora ha incurrido en faltas que en su momento pretendo probar como el hecho de dejarme sin trabajo, ya que los asuntos que yo manejaba y de los cuales ella era la titular me los fue retrasando de mil formas: retrasando acuerdos, incluso llegó al punto de esconder un expediente mío para que no se le diera trámite», sostuvo.

Indicó que su problema inició con una apelación que presentó por un imputado que ella no quiso entregar y al serle favorable, ésta incurrió en represalias retrasando sus casos por lo que ha ido perdiendo clientes, «si yo manejaba 12 clientes por mes, ahorita tengo uno o dos».

Además se tiene una queja presentada desde el 16 de mayo en el Consejo de la Judicatura del Estado pero hasta el momento no se ha avanzado pese a que existen como pruebas un video donde la jueza y las audiencias donde de acuerdo a la abogada la juez lleva a cabo la comisión del delito.

«Al momento que se presenta la denuncia ella interpone una incapacidad y se va por un período de quince días, se supone que se le tenía que notificar y la notificación muy cómodamente se hace de manera irregular, ante lo cual ella solicita se le otorgue más tiempo para que la notificación se le haga efectiva de manera personal y hasta el viernes de la semana pasada aún no se le hace la notificación para que de contestación y presente su informe correspondiente sobre la queja».

Otra de las irregularidades fue precisamente durante su incapacidad, ya que al entrar en su lugar una juez que resuelve y otorga un beneficio a un imputado en uno de los casos, al momento del retorno de Velázquez De luna ésta solicita de manera oficiosa que se realice nuevamente la audiencia y retira dicho beneficio al imputado, «lo cual no se puede hacer porque es jurisdicción de un juez de segunda instancia, no de primera instancia». (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)