MEXICO

Familiares de los 43 temen ‘carpetazo’ a caso Ayotzinapa por elecciones

Por

2 marzo, 2018

Ciudad de México.- El Estado mexicano se comprometió a “llegar a conclusiones este mismo año” sobre el caso Ayotzinapa, lo que fue interpretado por familiares de las víctimas como un anuncio de que se podría dar «carpetazo» al tema para que no interfiera en el proceso electoral.

La página web del periódico La Jornada publicó que durante las audiencias del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares y representantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que el gobierno mexicano únicamente se ha dedicado a «administrar» el caso, sin hacer ningún avance significativo en el cronograma de trabajo que las mismas autoridades establecieron para avanzar en la indagatoria.

Luego de pedir un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Minerva Bello, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacaron que 80 por ciento de dicho cronograma se ha incumplido, cómo lo demuestra el hecho de que ya no ha habido más detenciones ni consignaciones de probables responsables.

En respuesta, el subsecretario de derechos humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que las autoridades han seguido el programa de trabajo acordado con los familiares, con avances «importantes y alentadores» que no se pueden comentar por la reserva de las investigaciones, y se comprometió a llegar a conclusiones en el caso antes de que termine el año.

Por otro lado, el funcionario señaló que el gobierno del país «está analizando» la propuesta de los familiares de los 43 de diseñar un nuevo cronograma de trabajo para 2018 y que la realización de una nueva audiencia sobre el caso Ayotzinapa en mayo de este año depende de si la CIDH lo considera pertinente o no, tomando en cuenta el proceso electoral en México.

Tras la conclusión de la audiencia, Hilda Legideño, madre de uno de los normalistas desaparecidos hace ya 41 meses, manifestó su preocupación de que el anuncio de las autoridades de llegar a una conclusión del tema este mismo año pueda significar un cierre apresurado del caso, pero sin resolverlo verdaderamente ni cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. (LA JORNADA)