OPINIÓN

EN EL TINTERO

Por

22 febrero, 2018

JESSICA ROSALES

Partidos sin ley

Los cinco partidos que fueron liquidados por el Instituto Electoral de Coahuila dejaron un adeudo de 31 millones de pesos por concepto de multas que les impuso el Instituto Nacional Electoral, y ahora todos ellos amenazan con volver, aunque bajo otras siglas.

El tema del adeudo que registran los extintos partidos políticos no es un asunto menor, se trata de millones de pesos del erario que no solventaron y que equivale a un robo a los ciudadanos por tratarse de recursos públicos.

Lo peor es que la ley no contempla procedimientos que garanticen el regreso de ese recurso y por lo tanto se corre el riesgo de que hagan perdedizos los fondos millonarios que recibieron como parte de las prerrogativas.

Se trata del Partido Joven, Campesino Popular, Revolución Coahuilense, Primero Coahuila, Social demócrata y Partido Independiente de Coahuila.

De acuerdo a la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, la ley establece que el órgano electoral podrá retener el 50 por ciento de las prerrogativas del siguiente año para cobrar dicha multa. Sin embargo, considerando que ya son inexistentes ¿Cómo garantizarán el pago de ese adeudo?

La funcionaria electoral señala que es la Unidad Técnica de Fiscalización del INE la que establecerá los mecanismos de cobro, ya sea directamente con los dirigentes de las organizaciones políticas, quienes fungieron como representantes de los mismos o por otras vías. ¿Pero de qué manera?

Podría ser a través de créditos fiscales que operen los estados, pero como nada está escrito podría quedar sólo a voluntad de cada representante de partido. ¿Usted cree que pagarán? Mientras tanto, qué explicación hay sobre esos faltantes, porque muchos políticos lucen bastante ostentosos con casas, vehículos de lujo y hasta negocios diversos que antes ni en sueños podrían adquirir. ¿De dónde salieron empresarios? ¿Con qué recurso levantaron sus negocios?

El INE y el Poder Legislativo en Coahuila deberían considerar una reforma que garantice el pago de estos recursos a través de leyes que obliguen a los políticos a pagar. Que tal al simple ciudadano, ahí las autoridades no tienen ninguna consideración, incluso llegan embargar bienes por adeudos en el pago de derechos de control vehicular o del predial, incluso por una infracción vial ¿Pero a los políticos? ¿A esos quien los sanciona?

Ahora están en el aire 31 millones de pesos, por las lagunas en la ley que hoy les permiten a los políticos seguir gozando de recursos públicos sin que nadie haga nada. Y además de todo no existen restricciones para que vuelvan a constituirse como fuerza política y seguir recibiendo dinero del pueblo, son partidos sin ley.