El país de los apoyos y las instituciones debilitadas
Una democracia no se sostiene solamente con elecciones ni un país puede funcionar exclusivamente mediante la popularidad de sus gobernantes. Necesita instituciones sólidas, profesionales e independientes, capaces de garantizar derechos y prestar servicios públicos. Sin embargo, durante los gobiernos de Morena hemos presenciado una preocupante tendencia: concentrar el poder mientras se debilitan, desaparecen o transforman instituciones fundamentales para la vida nacional.
El caso del INE es apenas una muestra. No es que su debilitamiento haya comenzado con los escándalos de corrupción y malos manejos de Guadalupe Taddei. Inició antes, cuando Morena metió las manos para fortalecer a la “mujer íntegra” otorgándole facultades extraordinarias queposibilitaron, en buena medida, lo que estamos presenciando. Pero, ojalá y los del Instituto Nacional Electoral fuera todo.
Causa en Común documentó que México tiene 516 municipios sin una corporación policial propia y que el número de policías municipales cayó a su nivel más bajo desde 2010. Mientras el gobierno federal fortalece la participación militar en la seguridad pública, las corporaciones civiles enfrentan carencias de personal, capacitación, equipamiento y salarios. ¿Quién protege entonces a las comunidades frente a la delincuencia cotidiana?
Algo semejante ocurre con la transparencia. Morena desapareció el INAI, organismo autónomo que permitía a los ciudadanos exigir información al poder. Sus funciones fueron redistribuidas y, tratándose de la administración pública federal, quedaron bajo una institución dependiente del propio Ejecutivo. Es decir, el gobierno adquirió una participación determinante en la revisión de sus propias negativas de información. Difícil imaginar un mejor ejemplo de debilitamiento de los contrapesos.
La reforma judicial ofrece otra muestra. Presentada como una transformación histórica, terminó acumulando problemas de diseño que incluso legisladores de Morena ya quieren corregir . Entre sus planteamientos están recuperar las salas de la Suprema Corte, modificar los requisitos para seleccionar juzgadores y posponer elecciones judiciales. Una reforma de semejante trascendencia debió construirse mediante deliberación y rigor, no con una prisa que ahora obliga a reconsiderar sus propias reglas.
En salud, la eliminación del Seguro Popular dio paso al INSABI, que terminó desapareciendo para transferir sus funciones al IMSS-Bienestar. Entre tantos cambios administrativos, los pacientes continuaron enfrentando dificultades para recibir atención. Según el INEGI, en 2024 había 44.5 millones de mexicanos con carencia de acceso a servicios de salud. Detrás de esa cifra hay familias que deben pagar consultas, medicamentos y tratamientos que deberían estar garantizados.
Por supuesto, los apoyos sociales son importantes. Pero recibir una transferencia económica no sustituye tener un hospital que funcione, una policía que proteja, un juez independiente o una autoridad obligada a rendir cuentas.
México necesita conservar los apoyos que benefician a la población, pero también reconstruir sus capacidades institucionales: profesionalizar policías, garantizar transparencia independiente, corregir los problemas judiciales y ofrecer atención médica efectiva.
Porque un gobierno verdaderamente comprometido con el bienestar no busca que los ciudadanos dependan cada vez más de sus decisiones. Busca construir instituciones suficientemente fuertes para garantizar sus derechos, independientemente de quién ocupe la Presidencia.
