La diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila presentó una iniciativa para crear un Programa Estatal de Prevención de Riesgos Digitales en la Comunidad Escolar, con acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes frente al ciberacoso, el abuso sexual, los retos virales peligrosos y otras amenazas relacionadas con el uso de tecnologías.
La propuesta plantea reformar la Ley Estatal de Educación para establecer que el Gobierno de Coahuila, por conducto de la Secretaría de Educación, diseñe, implemente y coordine este programa, con medidas de prevención, detección, atención y seguimiento.
También contempla materiales de orientación y capacitación para la comunidad educativa, además de mecanismos de coordinación entre instituciones que permitan responder a situaciones que comprometan la integridad, privacidad y seguridad del alumnado.
La iniciativa fue presentada el 13 de octubre de 2026 con el respaldo de legisladores del PRD, PRI y PAN, y turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas para su análisis.
En la exposición de motivos, Fraustro Dávila señala que internet, las redes sociales, los servicios de mensajería y los videojuegos en línea forman parte de la vida cotidiana de estudiantes, así como de sus procesos de aprendizaje, comunicación y desarrollo.
El documento reconoce los beneficios de estas herramientas, pero advierte que pueden utilizarse para agredir, engañar, manipular, amenazar o vulnerar derechos. Entre las conductas identificadas se encuentran la difusión de imágenes, audios o videos sin consentimiento y el contacto de adultos con menores con fines sexuales.
Asimismo, menciona riesgos que no necesariamente constituyen acoso, como retos virales peligrosos, extorsión digital, fraudes, suplantación de identidad y exposición a contenidos perjudiciales para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta sostiene que estas situaciones pueden comenzar fuera del plantel y repercutir en la convivencia escolar, el bienestar emocional, las relaciones personales y el desempeño académico. Por ello, plantea una atención que trascienda los límites físicos y los horarios de las escuelas.
Otro de los problemas expuestos es el silencio de las víctimas, quienes pueden evitar pedir ayuda por vergüenza, temor a ser juzgadas o desconocimiento sobre las personas e instituciones a las que pueden acudir.
Ante ello, la iniciativa busca fortalecer las capacidades de docentes, madres y padres de familia para escuchar, identificar señales de riesgo y actuar oportunamente mediante herramientas de orientación y protocolos.
El proyecto también propone modificar el artículo 9 bis para incorporar otros riesgos vinculados con las tecnologías digitales a las disposiciones sobre capacitación obligatoria, protocolos de atención y programas de prevención del ciberacoso y abuso sexual.
La legisladora destaca como antecedente la participación de Alejandro Treviño González, representante del Distrito 15 en el Parlamento Juvenil, quien planteó fortalecer la protección de menores frente a los riesgos del entorno digital.
De acuerdo con el documento, las nuevas medidas complementarían las obligaciones existentes en materia de acoso escolar, respetando las competencias de la autoridad educativa federal. De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
