México no crece: el costo de gobernar contra la inversión
México lleva años atrapado en un crecimiento económico insuficiente. En 2025, el Producto Interno Bruto apenas aumentó 0.7% y la OCDE estima que en 2026 crecerá solamente 0.8%. Es verdad que existen factores internacionales que afectan nuestra economía. Pero también hay decisiones tomadas por los gobiernos de Morena que han contribuido a desalentar la inversión, debilitar la confianza y desperdiciar oportunidades de desarrollo.
Todo comenzó con decisiones que enviaron señales preocupantes a los inversionistas. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y posteriormente la planta cervecera de Mexicali demostraron que proyectos millonarios podían detenerse mediante decisiones políticas. Después vinieron reformas que modificaron profundamente las reglas del juego. La elección popular de jueces y magistrados generó preocupaciones sobre la independencia judicial, mientras que la desaparición de organismos autónomos debilitó contrapesos institucionales indispensables para garantizar condiciones de competencia y certeza jurídica. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha advertido expresamente sobre estos riesgos.
La política energética representa otro obstáculo. Durante años, Morena ha privilegiado el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, restringiendo oportunidades para la inversión privada. Mientras tanto, México necesita ampliar urgentemente su infraestructura eléctrica, modernizar redes de transmisión y garantizar energía suficiente para nuevas industrias. El IMCO documentó que las inversiones autorizadas en generación eléctrica pasaron de 54,500 millones de dólares entre 2013 y 2018 a solamente 13,400 millones entre 2019 y 2024. ¿Cómo pretendemos aprovechar el nearshoring si no podemos garantizar energía competitiva?
A esto debemos sumar las prioridades presupuestales. Mientras se destinaron enormes recursos al Tren Maya, Dos Bocas y otras obras emblemáticas, persisten necesidades de inversión en carreteras, infraestructura hidráulica y conectividad logística. Los continuos apoyos financieros a Pemex también presionan las finanzas públicas. Y, por si fuera poco, la inseguridad, las extorsiones y el cobro de piso encarecen las operaciones de miles de empresas. La propia OCDE ha señalado que combatir la delincuencia y mejorar la calidad de la inversión pública son condiciones necesarias para impulsar el crecimiento.
Las consecuencias las pagan las familias mexicanas. Una economía que apenas crece genera menos oportunidades para mejorar salarios, ampliar negocios y crear empleos formales. Más de la mitad de los trabajadores permanece en la informalidad, frecuentemente sin seguridad social ni prestaciones laborales. Y cuando la inversión no llega, también disminuyen las posibilidades de financiar mejores servicios públicos.
Los gobiernos de Morena han tenido innumerables oportunidades para rectificar. Deben garantizar seguridad jurídica, abrir espacios a la inversión productiva, fortalecer la infraestructura y combatir la delincuencia. Los programas sociales son necesarios para proteger a quienes más lo necesitan, pero nunca podrán sustituir una economía capaz de generar prosperidad.
Lo verdaderamente preocupante es que el estancamiento persista mientras millones de mexicanos necesitan mejores oportunidades. Y eso obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿por qué los gobiernos de Morena no han corregido las políticas que desalientan la inversión, cuando son precisamente las familias de menores ingresos quienes más necesitan una economía dinámica y empleos dignos?
