Cuando la política sustituye al conocimiento
La educación nunca ha sido únicamente un tema administrativo; es el proyecto más importante de una nación porque define el tipo de ciudadanos, profesionistas, científicos, emprendedores y líderes que existirán dentro de veinte o treinta años; por ello, cada decisión educativa debería estar sustentada en evidencia, consenso y una visión de Estado, sin embargo, México parece haber tomado el camino contrario; convertir la educación en un instrumento político de cada sexenio.
Hoy resulta preocupante observar que el debate educativo ha dejado de centrarse en cómo aprenden los estudiantes para enfocarse en cómo justificar decisiones gubernamentales; en lugar de construir una política pública estable, se han impulsado reformas apresuradas, cambios curriculares constantes y modificaciones institucionales que responden más a intereses ideológicos que a diagnósticos técnicos; la consecuencia es evidente; un sistema educativo cada vez más incierto, menos evaluado y con menores herramientas para corregir sus propias deficiencias. Uno de los errores más graves ha sido debilitar la cultura de la evaluación; ningún sistema educativo de alto desempeño renuncia a medir resultados; evaluar no significa castigar a los docentes; significa conocer qué funciona, qué debe corregirse y dónde existen mayores rezagos, porque sin información objetiva, las políticas públicas dejan de basarse en evidencia y comienzan a depender únicamente del discurso político. Un país que decide no medir el aprendizaje de sus estudiantes renuncia, en los hechos, a mejorar.
A esta situación se suma la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, una reforma que nació rodeada de incertidumbre; los cambios curriculares, los nuevos libros de texto y los planes de estudio fueron presentados con rapidez, mientras miles de docentes manifestaban no contar con capacitación suficiente ni reglas claras para aplicarlos. Las comunidades escolares, especialistas y académicos señalaron reiteradamente la ausencia de un diálogo amplio que permitiera enriquecer la propuesta antes de su puesta en marcha; la educación requiere consensos; no puede construirse mediante imposiciones.
El presupuesto también refleja prioridades discutibles; aunque las becas representan un apoyo importante para muchas familias y pueden contribuir a disminuir algunas barreras económicas, difícilmente sustituyen la inversión en infraestructura, laboratorios, bibliotecas, conectividad, capacitación docente o innovación tecnológica. Una escuela sin agua potable, sin internet, con aulas deterioradas o sin materiales didácticos difícilmente podrá ofrecer educación de calidad, por más programas sociales que existan alrededor de ella. Los resultados comienzan a reflejar esta realidad; el incremento del abandono escolar y del rezago educativo representa mucho más que una estadística, detrás de cada estudiante que deja la escuela existe una historia de oportunidades perdidas, menor movilidad social y mayores probabilidades de incorporarse a empleos informales o de baja productividad; cada alumno que abandona las aulas constituye también una pérdida para el desarrollo económico y social del país. Otro aspecto frecuentemente ignorado es la situación del magisterio. Durante años se ha hablado de la “revalorización docente”, pero en la práctica muchos profesores continúan enfrentando cargas administrativas excesivas, incertidumbre laboral y procesos de capacitación poco flexibles; un maestro desmotivado, burocratizado y sin autonomía pedagógica difícilmente podrá convertirse en el agente de transformación que el propio sistema educativo necesita.
La desaparición o transformación constante de organismos técnicos encargados de regular la carrera docente también genera incertidumbre institucional; las reglas para el ingreso, permanencia y promoción deben ser claras, transparentes y permanentes, porque cuando las instituciones cambian al ritmo de las administraciones políticas, se pierde confianza y se dificulta construir una política educativa estable. A ello debe añadirse un problema cada vez más visible, la violencia y la salud mental dentro de las escuelas. La educación no puede limitarse a transmitir conocimientos académicos; también debe garantizar espacios seguros donde estudiantes y docentes puedan desarrollarse sin miedo. La ausencia de una estrategia integral para atender estos desafíos compromete no sólo el aprendizaje, sino también el bienestar emocional de millones de niños y jóvenes.
Quizá el problema más profundo no sea una reforma específica ni un programa en particular, sino la ausencia de una auténtica política educativa de Estado. En nuestra Patria, México continúa modificando su modelo educativo cada vez que cambia el gobierno; mientras los países con mejores resultados construyen estrategias nacionales que trascienden partidos y administraciones, aquí seguimos reinventando el sistema cada seis años. Ninguna nación puede aspirar a la excelencia educativa bajo una lógica de permanente improvisación. La educación requiere estabilidad, evaluación, inversión inteligente y respeto por el conocimiento técnico; y también exige escuchar a quienes viven diariamente la realidad de las aulas; docentes, directivos, investigadores, padres de familia y estudiantes. Gobernar la educación desde la confrontación política sólo genera polarización; gobernarla desde la evidencia genera progreso.
El verdadero fracaso del futuro educativo de México no consiste únicamente en los indicadores actuales de aprendizaje o en las cifras de deserción escolar; el mayor fracaso sería aceptar como normal que la educación deje de ser un proyecto nacional para convertirse en un proyecto ideológico. Cuando un país politiza sus escuelas, termina hipotecando su desarrollo económico, científico y democrático; todavía existe la oportunidad de corregir el rumbo. Pero ello exige reconocer que la calidad educativa no se construye mediante discursos, sino mediante instituciones sólidas, políticas públicas consistentes, inversión estratégica y una visión de largo plazo que coloque el aprendizaje de los estudiantes por encima de cualquier interés partidista; sólo entonces la educación volverá a ser el motor del desarrollo nacional y no una víctima más de los ciclos políticos.
