Culiacán: la capital del narcoestado
Todo comenzó —al menos en esta nueva temporada del desastre mexicano— en una finca de lujo en Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán. Ahí, el 25 de julio de 2024, según la versión de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los hijos del Chapo lo citó para secuestrarlo y entregarlo a Estados Unidos. En el mismo lugar fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS y adversario político de Rubén Rocha Moya. Desde entonces, Sinaloa dejó de ser solamente territorio del narcotráfico para convertirse en algo todavía más grave: un escaparate brutal del fracaso del Estado mexicano.
La guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” ha dejado, hasta mayo de 2026, al menos 1,828 asesinatos y 2,390 desapariciones oficialmente registradas. Y mientras el gobierno estatal insistía en hablar de “estabilidad”, el gobierno federal tuvo que enviar cerca de 6 mil soldados solo a Sinaloa, principalmente a Culiacán. El problema es que los militares llegaron… pero la paz nunca apareció.
La vida cotidiana en Culiacán terminó adaptándose a la lógica del miedo. Las cámaras de vigilancia amanecen baleadas en avenidas principales, los negocios bajan la cortina antes del anochecer y la gente se impone toques de queda informales porque después de las ocho de la noche cualquiera puede quedar atrapado entre ráfagas, incendios o levantones. En muchas colonias, el ruido de una motocicleta ya provoca el mismo reflejo que un disparo. Y mientras tanto, el gobierno presume “avances” en seguridad como si las cifras maquilladas pudieran borrar el terror cotidiano.
Pero quizá lo más escandaloso no es la violencia, sino la podredumbre institucional que terminó exhibiendo Estados Unidos. En abril de 2026, el Departamento de Justicia acusó formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y a varios integrantes de su círculo cercano de recibir sobornos y brindar protección a “Los Chapitos”. Entre los señalados aparecen exsecretarios de Seguridad y Finanzas, además del alcalde de Culiacán. Según las acusaciones, compartían información sensible, protegían operaciones criminales y utilizaban estructuras gubernamentales para intimidar y neutralizar adversarios políticos.
Rocha pidió licencia “para no obstaculizar las investigaciones”. Dos de sus colaboradores terminaron entregándose en Estados Unidos. Del alcalde, prácticamente desaparecido del radar público, poco se sabe. Y esa imagen resume perfectamente el tamaño de la tragedia: el narcoestado sinaloense ya ni siquiera intenta disimular.
Porque el problema de fondo no es solamente que existan políticos corruptos o criminales infiltrados. El verdadero problema es que, para muchísimos sinaloenses, las acusaciones de Washington no resultaron sorprendentes. Fueron simplemente la confirmación oficial de algo que desde hace años se comentaba en voz baja: que la línea entre gobierno y crimen organizado terminó borrándose por completo.
Eso es un narcoestado. No cuando el crimen corrompe funcionarios aislados, sino cuando la ciudadanía deja de distinguir quién gobierna realmente. Cuando las camionetas sin placas generan más respeto que las patrullas. Cuando la autoridad parece subordinada al poder criminal. Cuando la supervivencia cotidiana depende más de entender las reglas del cártel que de confiar en las instituciones.
Y aunque Morena quiera reducir todo a una “campaña extranjera” o a un intento de intervención política de Estados Unidos, el problema no nació en Nueva York. El problema está en las calles de Culiacán, en los negocios cerrados, en las madres buscando desaparecidos y en una sociedad que aprendió a vivir atrapada entre el miedo y la resignación.
Sinaloa no es el único estado donde existen sospechas de vínculos entre autoridades y crimen organizado. Es simplemente el caso más descarado, el más visible y el más documentado. La advertencia para el resto del país es brutalmente simple: cuando el narco financia campañas, influye en nombramientos y negocia impunidad desde el poder, el siguiente paso no es la paz. El siguiente paso es convertirse en otro Sinaloa.
