Se evalúan las dificultades en este rubro a través del derecho penal, civil, internacional, administrativo y sus garantías inalienables, dijo Sonia Venegas Álvarez ante Víctor Leonel Juan Martínez, Mariana Gil Bartomeu y comunidad de la FD
Ciudad de México.- El acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes no es un asunto marginal, sino espacio clave a partir del cual puede medirse la solidez de nuestro Estado constitucional, externó Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho (FD).
De ahí que la brecha entre su reconocimiento y realización pone en evidencia una limitación sobre la manera en que el sistema ha comprendido a este grupo en situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos, sostuvo.
En el 2º Foro Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Acceso a la Justicia en México, organizado por la entidad universitaria a su cargo y la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) A.C., subrayó:
Esta actividad académica, prosiguió, responde a la necesidad de traducir los desarrollos normativos en prácticas institucionales y se proyecta como espacio imprescindible para impulsar las transformaciones que exigen un análisis crítico de las categorías e inercias en este ámbito.
La jornada, precisó, estudia los desafíos de la protección a menores de edad y adolescentes a través de materias como el derecho penal, civil, internacional, administrativo y las garantías fundamentales, entre otras materias.
Al inaugurar el encuentro, el director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Leonel Juan Martínez, consideró que esta actividad es esencial porque implica el reconocimiento de sus prerrogativas y el reto de su implementación. La única forma de garantizar el acceso más igualitario a la justicia es con la participación de todas las instancias.
Mariana Gil Bartomeu, directora de la ODI, refirió que es esencial dejar de verlos y verlas como un grupo aparte, toda vez que están en todos los procesos de justicia como el derecho administrativo, civil, familiar, penal y constitucional.
Necesitamos no solo buenas voluntades, hemos trabajado para que el acceso a la justicia sea un derecho garantizado para ellas y ellos; sin embargo, prevalecen situaciones en las cuales se depende del tipo de juez, fiscal o autoridad.
En el auditorio Benito Juárez de la FD se llevaron a cabo cinco mesas de trabajo donde se abordaron temas como acompañamiento psicológico procesal; representación jurídica; y estrategias para saber qué, quién y cómo informarles sobre los procesos judiciales para defender sus garantías. (UNAM)
