Aquellos que reciben una jubilación mayor a 80 mil pesos mensuales, sufrirán una rebaja para que no rebasen esa cifra, equivalente a la mitad de lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum
El decreto de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el cual se pretende regular el pago de las llamadas “pensiones doradas”, de tal forma que las jubilaciones o pensiones que reciben quienes laboraron en el servicio público en cualquiera de los tres niveles de gobierno no perciban un monto superior a la mitad de los ingresos mensuales que gana la propia presidenta, implica que alrededor de 700 maestros jubilados en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación en Coahuila (DIPETRE) y un poco más de 100 ex funcionarios que se jubilaron a través del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, podrían sufrir afectaciones en el monto que reciben actualmente.
El decreto, que entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presumiblemente este viernes 17 de abril, establece que “las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”.
Tomando en cuenta que la presidenta Claudia Sheinbaum recibe una remuneración mensual neta ordinaria de 134 mil 290 pesos, y que sumándole las prestaciones el monto aumenta a alrededor de 160 mil pesos mensuales, las pensiones y jubilaciones no podrán exceder de 80 mil pesos mensuales.
En la DIPETRE, dónde cotizan los maestros afiliados a la Sección 38 del SNTE, así cóomo los que laboran en la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, hay alrededor de 700 jubilados que superan esa cifra, por lo que sus pensiones se tendrán que ajustar al monto máximo autorizado.
Otro tanto ocurre con poco más de 100 jubilados del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, principalmente exfuncionarios que ocuparon altos cargos en el Gobierno de Coahuila, entre ellos algunos exgobernadores, extitulares de Secretarías y exdirectores de diferentes dependencias públicas.
Sin embargo, el decreto establece que la medida sólo aplica para el personal que haya ocupado cargos de confianza. Es decir, se excluye a aquellos que laboraron toda su trayectoria como sindicalizados, así como a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas.
Eso significa que si un maestro siempre laboró como sindicalizado y nunca tuvo cargos de confianza en alguno de los tres niveles de gobierno, podría conservar su pensión tal cómo lo recibe a la fecha, incluso si supera el monto establecido en el decreto.
El secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn; el titular de la DIPETRE, Osvaldo Aguilar; y el director del Instituto de Pensiones, José Luís Moreno, han sostentido una serie de reuniones esta semana para evaluar el impacto que este decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener en los pensionados y jubilados de Coahuila.
El decreto establece que en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable, a fin de hacerlo congruente con lo dispuesto en el citado decreto. (El Heraldo de Saltillo)
