La historia nos enseña que la defensa del territorio no siempre empieza con grandes batallas o discursos solemnes. A veces comienza con algo tan sencillo —y tan profundo— como el derecho a transitar por un camino. Pensemos, por ejemplo, en los conflictos por los caminos rurales cerrados en comunidades campesinas, o en los pueblos indígenas que han visto bloqueadas las rutas hacia sus ríos, montes o zonas de cultivo. En México y en América Latina abundan historias donde el problema no fue solo perder la tierra, sino perder el acceso a ella: el sendero, la vereda o el camino que conecta la vida comunitaria con su entorno natural.
Hoy, ese viejo conflicto revive en otro escenario: el del acceso al mar y las playas. La Comunidad de Salango, en Ecuador, ha llevado su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y reclama que el Estado permitió la privatización de los accesos a su territorio costero, cerrando caminos ancestrales hacia el mar. Detrás de esta disputa hay algo más que un pleito por tierras: hay una lucha por el derecho a existir como comunidad en el espacio que históricamente le pertenece.
El caso Salango es importante porque podría abrir una nueva línea de jurisprudencia en el sistema interamericano. Hasta ahora, la Corte IDH ha resuelto muchos casos sobre territorios indígenas en bosques, selvas o zonas de agricultura. En todos ellos se reconoció que los pueblos originarios tienen derecho a la propiedad colectiva de sus tierras y recursos naturales, incluso si no cuentan con un título oficial. Sin embargo, Salango plantea algo distinto. No se trata solo de tierra firme, sino del territorio costero, de los caminos que llevan a la playa, del mar como parte de la vida y la identidad de la comunidad. La pregunta de fondo es: ¿también esos espacios —el litoral, las playas, los accesos al mar— deben considerarse parte del territorio ancestral protegido por los derechos humanos?
Si la Corte IDH responde que sí, el impacto será enorme. Significaría reconocer que el derecho al territorio no termina donde empieza la arena o el agua. Que los caminos, senderos y accesos tradicionales forman parte esencial del tejido territorial, cultural y espiritual de los pueblos.
Además, este caso revela otro tipo de vulnerabilidad poco visible: la del acceso bloqueado. En muchos países, los megaproyectos turísticos o inmobiliarios han cerrado pasos hacia ríos, playas o montes comunales, afectando la vida de comunidades que dependen de esos lugares para pescar, bucear, cultivar o realizar sus prácticas culturales. Son conflictos que rara vez llegan a los tribunales internacionales, pero que ocurren con frecuencia en la región.
La Corte Interamericana, con su amplia experiencia en temas de propiedad colectiva, ya cuenta con “líneas de precedentes” sobre posesión ancestral, uso tradicional y demarcación territorial. No obstante, el caso Salango puede ampliar ese marco para incluir el derecho de las comunidades a mantener sus caminos y accesos tradicionales. Sería una forma de reconocer que el territorio no es solo una extensión de tierra, sino también las rutas que conectan a las personas con su historia, sus recursos y su modo de vida.
La lucha por los caminos, en ese sentido, es también una lucha por la libertad de tránsito, por la memoria colectiva y por la continuidad cultural. Si la Corte decide a favor de la comunidad, no solo protegerá unos cuantos metros de playa; estará afirmando que el acceso es parte del territorio, que sin camino no hay comunidad, y que la justicia también debe abrir paso donde alguien intentó cerrar. Porque a veces, defender un camino es defender el derecho a existir en plenitud.
