Las mujeres migrantes no están exentas de violencia de género originada ya sea por autoridades, bandas delictivas o, incluso, sus propias parejas, sin embargo, por cada 10 casos de abusos sólo uno deriva en denuncia judicial, pero, en muchas ocasiones, terminan desistiendo de continuar con el procedimiento.
Así lo señaló el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, quien argumentó que a las mujeres en esta situación no se les puede responsabilizar de no salir del círculo de violencia que viven ya que el sistema no ayuda porque implica quedar desamparadas económicamente, razón principal por la que se mantienen junto a sus violentadores.
El activista lamentó que, al tener esa dependencia económica con su pareja, las mujeres se ven sujetas a estar con sus violentadores ya que el sistema no les ayuda con guarderías para dejar a sus hijos u ofreciendo alternativas para sostenerse solas.
En la Casa del Migrante existe un protocolo que ha sido desarrollado entre el Centro de Justicia y Empoderamiento y la Oficina de Refugiados mismo que se aplicará como plan piloto.
“Este piloteo es para identificar la violencia para después sancionar a los perpetradores y que la sobreviviente pueda reincorporarse de la forma menos violenta a la sociedad en el terreno laboral, familiar y social”, explicó.
Xicoténcatl reiteró que las mujeres viven un alto grado de violencia en su tránsito por México, desde el tipo sexual, acoso, tocamientos y hostigamiento.
“Hay diferentes actores que perpetran estos delitos; primeramente, las autoridades, después bandas delictivas y las parejas también; son tres grupos que constantemente están violentando sus derechos y que cometen violencia basada en género”, dijo. (DAVID GONZÁLEZ/INFONOR)
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