Las funciones del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información quedarían a cargo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, previo su titular
A raíz de la reforma a nivel federal que estipula la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) como organismo autónomo y de sus pares estatales, las funciones del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), relacionadas con facilitar la transparencia de información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales, pasarían a cargo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila como órgano desconcentrado.
Así lo previó Dulce María Fuentes Mancillas, comisionada presidenta del ICAI, quien confió en que, pese a la desaparición del Instituto que encabeza, el acceso a la información pública y protección de datos personales, está garantizada en Coahuila al ser un derecho irrestricto de sus habitantes.
“La Secretaría de Fiscalización tendría ese órgano desconcentrado que realizaría las mismas funciones de acceso a la información y protección de datos personales, así como la transparencia, pero a nivel local. En el momento de que la Secretaría de Fiscalización esté realizando estas tareas, al final de cuentas se realizaría este cierre de la pinza para tener un mayor control, respecto a todos los sujetos obligados”, dijo este martes.
PROPUESTA A CONGRESO
Remarcó que, a partir de marzo, de acuerdo con las disposiciones federales, el ICAI entrará en una fase de análisis para entregar una propuesta formal ante el Congreso de Coahuila sobre el modelo de jurisdicción que habrá de tomar en un plazo no mayor a 90 días hábiles.
“Nosotros ahorita estamos realizando un análisis de cómo vendrían las leyes federales para hacer una adecuación a nivel estatal y hacer una propuesta ante el Congreso. En términos generales, viene que se genere un órgano desconcentrado, dependiendo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal, que yo creo se estaría haciendo lo análogo a nivel estatal”, platicó.
“Queremos empezar el análisis a partir de los primeros de marzo, una vez que quede publicada a nivel federal para los efectos correspondientes y lo que marcan los transitorios es que tenemos hasta 90 días, estaríamos pensando, si podemos realizar esta aportación, sería en el mes de marzo para que corran los términos y no tener una presión respecto del análisis”. (OMAR SOTO)
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