En el marco del Día de la Abogacía en México, este viernes, personal del Poder Judicial de la Federación se convocó en el estacionamiento de su sede en Saltillo para pronunciarse en contra de la reforma planteada por el presidente de la República, Andrés López, hacia este organismo, a fin de posibilitar, entre otros puntos, que la elección de jueces y magistrados sea por voto popular,
“Por un lado, cesar a todos los titulares, desde ministros hasta jueces, de un golpe, como viene redactada la Reforma, sin duda nos preocupa porque implicaría paralizar todo el aparato de justicia de golpe”, manifestó, en nombre de sus colegas, Miguel Ángel Luna Gracia, juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región del Poder Judicial de la Federación en Saltillo.
“Hemos ya dicho bastantes veces que la intención no es simplemente oponernos porque sí, es nada más expresar nuestro punto de vista como funcionarios judiciales de carrera, algunos tenemos más de 20 años aquí, y no nada más se trata de decir el esfuerzo, lo que nos ha costado llegar a donde estamos, sino también la importancia de la función. Nosotros somos, literalmente, defensores de derechos humanos, nos tocan ver muchos juicios de amparo”, añadió el entrevistado, durante el evento en el que se rindieron Honores a la Bandera.
De aprobarse, alertó, dicha reforma pondría en entredicho la autonomía del Poder Judicial y de los impartidores de justicia, ante la probable influencia que tendría el Ejecutivo Federal en las candidaturas de perfiles para fungir en estos cargos. Cabe mencionar que la reforma también contempla la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial con atribuciones para sancionar a los miembros de la judicatura.
“También otras cuestiones como qué tan politizado podría estar el Poder Judicial, porque los jueces actualmente llegamos por carrera judicial, muchos años, por concurso y cambiar ese sistema por una elección popular, previa designación de los candidatos, implicaría, de cierta manera, debilitar los principios de independencia judicial, de objetividad”, mencionó.
“Nosotros, como árbitros, tenemos que resolver problemas entre las personas, entre el gobierno y las personas, y ¿En qué situación van a quedar los jueces para mantener su trabajo, si tienen que ser propuestos por las mismas autoridades que van a revisar?” abundó. (OMAR SOTO)
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