La presidenta de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado de Coahuila consideró que, aunado a las altas penas de prisión, que pueden ser de hasta 60 años para quienes priven de la vida a una mujer, se deben fortalecer las estrategias para disminuir el índice de agresiones y sus decesos derivados de hechos violentos
Con el fin de disminuir hasta su erradicación los casos de feminicidio en la entidad, la presidenta de la Junta de Gobierno en el Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, consideró que, aunado a las penas de prisión, que en el estado pueden ser de hasta 60 años por agravantes, la prevención debe ser un eje prioritario contra este flagelo social que atenta contra las mujeres.
“Yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos en materia de la prevención porque podríamos seguir incrementando las penas del delito de feminicidio, que ya están al tope máximo que nos permite la Constitución, pero no queremos llegar al delito, tenemos que armar estrategias y estar identificando qué patrones, cómo erradicamos los patrones sociales que están originando la violencia al interior de las familias”, mencionó en entrevista.
Consideró que, gracias a las estrategias conjuntas entre el Congreso del Estado, Gobierno de Coahuila y Poder Judicial, las denuncias contra agresores de mujeres ante las instancias correspondientes han ido en aumento. No obstante, la legisladora local insistió en que se deben articular más estrategias para que la prevención sea la clave para que ninguna mujer en Coahuila pierda la vida por algún tipo de hecho violento en cualquiera de sus contextos de desarrollo.
“Cada vez existe mayor conciencia colectiva de la denuncia, anteriormente no se denunciaba, pero ¿Cómo podemos hacer todo esto más efectivo para que también se prevenga? Tendremos que hacer una ruta de análisis para saber qué está funcionando y qué no funciona en los centros de empoderamiento, en los juzgados especializados”, indicó Morales Núñez.
“En temas de prevención que se estarán haciendo a nivel nacional, lo que se está haciendo a nivel estatal y ver de qué manera el Congreso legisla, aumenta o de qué manera genera protocolos o presupuestos que puedan prevenir este delito”, abundó. (OMAR SOTO)
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