OPINIÓN

COMPETENCIA Y COOPERACIÓN

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2 abril, 2024

Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.

Agenda 2030: contribuyendo desde lo local

Por: Alberto Damián Flores Araujo, vicepresidente de la Región Sureste

Uno de los temas que ha tomado gran relevancia en los últimos años en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos y cambio climático es lo señalado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este plan de acción (antes Objetivos de Desarrollo del Milenio) adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, abarca una gran cantidad de áreas que van desde la erradicación de la pobreza y el hambre hasta la promoción de la igualdad de género, la educación, la acción climática, la paz y la justicia, entre otros. A su vez, la Agenda establece 17 objetivos (ODS) los cuales se componen de 169 metas abarcando los ámbitos económicos, sociales y ambientales.

En caso contrario a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) los cuales estaban dirigidos únicamente a los países en desarrollo, la Agenda 2030 y los ODS son de aplicación universal para todos los países más allá de su nivel económico. Si bien, no son jurídicamente obligatorios, desde un inicio se buscó que los países los adoptaran como propios y hoy en día se han tenido avances significativos para que se adopten marcos nacionales para el logro de estos objetivos. En este sentido, se pretende que la implementación, monitoreo y avance se base en el diseño de políticas públicas, así como en la creación de planes y programas orientados al desarrollo sostenible. Sin embargo, aún nos encontramos lejos de la meta establecida para el 2030, en parte por las desigualdades económicas, las secuelas dejadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cambio climático, los conflictos militares, entre otros motivos.

Parte del poco avance que se ha tenido a la fecha es por el hecho de que se cree que estas acciones corresponden solamente a los gobiernos nacionales, sin embargo, la correcta implementación de la Agenda 2030 requiere una acción coordinada tanto a nivel nacional e internacional, involucrando a los gobiernos subnacionales (estados y municipios), organizaciones internacionales, sector privado, sector académico, sociedad civil y ciudadanos en general.

Un elemento central para poder medir el verdadero impacto de las políticas públicas, así como de los planes y programas en la materia es a través del papel de los Entes Fiscalizadores Superiores (EFS) para capturar la implementación y medir el verdadero avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. En este orden de ideas, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) comenzaron a adoptar compromisos para fiscalizar la implementación y avance de la Agenda 2030, un ejemplo de ello fue la auditoría coordinada “Objetivos de Desarrollo Sostenible” realizada en 2017, donde participaron 11 países de LATAM (incluido México), entre los resultados más relevantes se encontró que existen debilidades en los procesos de institucionalización de la Agenda 2030, así como de la inexistencia de una planificación de largo plazo para alcanzar las metas establecidas.

En el caso en particular de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a implementar la fiscalización de la Agenda 2030 en el ámbito nacional, y una herramienta clave para alcanzar lo anterior es a través de las auditorías de desempeño, las cuales son esenciales al momento de emitir recomendaciones que van enfocadas a la aplicación de las mejores prácticas que se llevan a cabo en otros países, organismos internacionales o nacionales, el sector académico y/o privado con el objetivo de adoptar estas recomendaciones y aplicarlas en el ámbito nacional, estatal o local. Es importante mencionar que tanto la ASF, como algunas EFS en México (tal es el caso de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila) ya han venido realizando estudios y auditorias de desempeño para analizar y fiscalizar la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 y los ODS desde el ámbito estatal y local.

Como se puede ver el tema es demasiado amplio, pero para finalizar, queda la pregunta ¿Cuál es el papel del economista en su actuar para contribuir en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS?, la respuesta puede ser muy amplia, pero se puede resumir de la siguiente manera: podemos contribuir de manera significativa mediante el análisis económico, en el diseño de planes municipales y estatales de desarrollo con este enfoque, en la movilización de recursos financieros en proyectos de inversión claves para el desarrollo sostenible, en la promoción de la innovación y tecnología, así como en la educación y sensibilización sobre los desafíos del desarrollo sostenible.

Por último, es necesario resaltar que, si no avanzamos desde lo local, difícilmente podremos alcanzar las metas globales de la Agenda para el 2030, resaltando en si la importancia de la cooperación para el desarrollo.