Coatzacoalcos, Veracruz.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes contra el Poder Judicial por suspender seis meses al juez Gabriel Domínguez Barrios, quien concedió un amparo al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante su controversia con el Congreso estatal en noviembre pasado.
“Hasta ayer (jueves) castigaron a un juez, fíjense lo imparcial del Poder Judicial, me enteré que castigaron a un juez o lo destituyeron, de Nuevo León, que fue el que le concedió un amparo al Gobernador Samuel García.
“Es el primer caso en los últimos años y aquí les puedo presentar 10 casos graves de jueces, magistrados y de ministros que gozan de impunidad», expresó en su conferencia mañanera.
López Obrador calificó como “tendenciosa” la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, que por 5 votos contra 2 formalizó la suspensión de Domínguez Barrios, juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien sólo percibirá el 33% de su salario mientras es investigado.
“Fíjense lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco, como es de dominio público, a ese partido al que pertenece el Gobernador de Nuevo León (Movimiento Ciudadano), pero considero que es un abuso, un descaro. Es el Poder Judicial al servicio del bloque conservador”, arreció.
La medida cautelar no prejuzga la responsabilidad del juez, quien podría ser destituido por las irregularidades que se le imputan por tramitar el amparo promovido por el Secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, subalterno de Samuel García, pese a no tener jurisdicción en ese estado.
Además, Domínguez ordenó al Congreso local designar como Gobernador interino a un militante de Movimiento Ciudadano, aun cuando la Corte y el Tribunal Electoral han definido que esa designación es materia electoral y no procede el amparo.
García tuvo que renunciar a la postulación presidencial de MC cuando le resultó imposible dejar un Gobernador interino de su confianza, pese al respaldo judicial de Domínguez. Según la Corte, el juez actuó sin competencia territorial, al no ser un asunto laboral, y contrario a los criterios de máximos tribunales. (AGENCIA REFORMA)
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