Por medio de un comunicado, este viernes el Colegio de Notarios del Estado de Coahuila reprobó la cancelación de 13 fideicomisos que representan una pérdida presupuestal -en 2024- para el Poder Judicial de la Federación por alrededor de 15 mil millones de pesos.
En la circular firmada por Armando Luna Canales, presidente del Consejo Directivo de dicho Colegio, se calificó esta acción, orquestada en el Congreso de la Unión por diputados federales emanados del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), como inaceptable y sin fundamento.
“Es inaceptable que, sin motivo ni fundamento, el Congreso de la Unión decida recortar de manera drástica el presupuesto del Poder Judicial Federal de acuerdo con lineamientos partidistas, restringiendo seriamente la función del sistema judicial, en específico cuando se trata de asuntos cruciales como la Defensoría de Oficio”, se lee.
De acuerdo con los Notarios de Coahuila esta decisión recae incluso en “debilitar y perjudicar derechos que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han adquirido, por medio de la anulación de los fideicomisos que tienen por objeto cumplir obligaciones patronales, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda y salud”.
Se remarcó también que la democracia en México se hace efectiva por la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que éste último no debe estar a merced de los primeros dos.
“La división de poderes es un principio fundamental de la democracia mexicana. Este se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política como un mecanismo democrático para garantizar que se lleve a cabo el ejercicio apropiado de las atribuciones del poder público en beneficio de los ciudadanos. El Poder Judicial no puede ni debe estar subordinado al Poder Legislativo o al Ejecutivo”.
“El Colegio de Notarios del Estado de Coahuila pide respetuosamente al Congreso de la Unión que cumpla con el deber como representante del país y se abstenga de poner en situación de peligro el derecho constitucionalmente garantizado de todo ciudadano mexicano a la igualdad de acceso a la justicia (…). No puede tolerarse la vulneración del principio constitucional de división de poderes y permitir que se interfiera ilegítima e indebidamente en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”. (OMAR SOTO)
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