El dictador Daniel Ortega acusa de terrorismo a universidad jesuita y ordena su cierre y confiscación

(Xinhua/Xin Yuewei)

Managua, Nicaragua.- El gobierno de Daniel Ortega acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y ha ordenado la confiscación de todos sus bienes, informó el medio local ‘Divergentes’, de acuerdo con fuentes de la universidad manejada por la Compañía de Jesús.

“Una jueza de Managua giró un oficio acusatorio contra la universidad jesuita este 15 de agosto, consumando así la confiscación de facto de la UCA y todos sus bienes materiales y económicos después de inmovilizar sus propiedades y congelar sus cuentas bancarias”, informó la plataforma digital.

El gobierno de Daniel Ortega se ha caracterizado por su constante persecución a la iglesia católica, por considerarla (en propias palabras) “Una mafia organizada”. El gobierno sandinista ha reprimido durante su gestión a un gran número de sacerdotes y obispos nicaragüenses a los que ha encarcelado y exiliado acusados por disidencia social; principalmente por manifestar críticas a su gobierno.

La UCA es considerada el último centro de pensamiento independiente que quedaba en Nicaragua, y una de las universidades más importantes del país. En ella estudiaron al menos tres de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el mismo presidenye hizo un semestre en 1963 en esta universidad antes de integrarse a la guerrilla sandinista.

La Universidad Centroamericana tiene aproximadamente cinco mil estudiantes y fue la primera universidad privada que se estableció en Centroamérica, explica la página oficial del centro de estudios. Fue fundada a iniciativa de empresarios el 23 de julio de 1960 en Nicaragua por la Compañía de Jesús, como “una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.

Durante las protestas populares de 2018, la UCA se convirtió en refugio de los estudiantes perseguidos, y en un actor político en los intentos de diálogo que hubo entre la oposición y el gobierno. Su rector José Idiáquez fue parte del equipo negociador del “Diálogo Nacional” en los años 2018 y 2019.

“Hay un espíritu de venganza y de pasada de cuentas dirigido hacia una institución que siempre ha alzado la voz contra las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos y ha defendido su autonomía universitaria en las últimas décadas”, afirmó para Reuters la doctora Asunción Moreno, abogada y catedrática universitaria.

Al ser confiscada la UCA, pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen Ortega-Murillo que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua. Exestudiantes de la UCA, catedráticos y opositores insisten que la confiscación es una venganza de la pareja presidencial contra la universidad por su papel en las protestas sociales de 2018, cuando abrieron sus puertas a los manifestantes y mantuvieron una posición muy crítica frente a los crímenes de lesa humanidad ejecutados por policías y paramilitares.

Las justificaciones para los cierres de las universidades van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. (EL HERALDO CON INFORMACIÓN DE REUTERS)

 

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