Impugnan negativa de Sala Regional del TEPJF para ampliar diputaciones en favor de grupos vulnerabilizados

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14 febrero, 2023

La instancia electoral dio marcha atrás al proyecto para aumentar el número de diputaciones locales de 25 a 27 para que dos de estas se ocuparan por grupos vulnerabilizados como miembros de pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad y población LGBTTTIQ, lo que fue calificado por Noé Leonardo Ruiz Malacara, presidente de San Aelredo, como un retroceso en la democracia de Coahuila

Este domingo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la decisión emitida un día antes por el Tribunal Electoral de Coahuila, con la que se aumentaría de 25 a 27 el número de diputaciones locales a fin de que dos de estas se ocuparan por grupos vulnerabilizados como miembros de pueblos indígenas, personas con alguna discapacidad y población LGBTTTIQ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual y Queer).

Al respecto, Noé Leonardo Ruiz Malacara, presidente de la asociación civil San Aelredo, dedicada a la defensa de la comunidad LGBT en Saltillo, informó que la mañana este martes, en el Tribunal Electoral de Coahuila con sede en la capital coahuilense, presentó un recurso de impugnación contra la decisión del TEPJF.

Lo anterior, al considerar que la postura del Tribunal Federal representa un serio retroceso en la vida democrática de la entidad, al no dar cabida a sectores de la población históricamente segregados.

En este orden, remarcó que el órgano electoral local tiene la obligación de turnar esta causa a la Sala Regional para su análisis y dictaminación, lo que se daría entre los próximos cinco y siete días hábiles, a partir de este martes.

“Para nosotros era muy importante la creación de estas dos (diputaciones), bajo lineamientos con los que la población LGBT pudiera tener la certeza de llegar (a ocupar una diputación). Tenemos tres grupos que necesitan de las acciones afirmativas para visibilizar su trabajo y exponer sus problemáticas ante los congresos locales y en el Congreso de la Unión. Queremos que esta creación tenga bases sólidas”, comentó en entrevista con medios.

“Se va primero a Sala Monterrey y dictamina si es o no competente. En caso de decir ‘sí tengo competencia’, da su sentencia y en caso de decir ‘no, este es un asunto en el que no puedo intervenir’, se manda a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (La dictaminación) podría ser entre cinco y siete días por la cuestión del proceso electoral, para que estas acciones legales no tengan una consecuencia en la que se tenga que alargar el proceso electoral”. (OMAR SOTO / EL HERALDO)