Ramiro Pérez Arciniega permanecerá en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo hasta concluir el plazo de investigación complementaria fijado a dos meses por el delito de ejercicio abusivo de funciones, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos realizados ilegalmente
La tarde de este martes, tras una audiencia que se prolongó por más de cinco horas, la juez María Antonieta Leal Cota vinculó a proceso a Ramiro Pérez Arciniega, ex alcalde de Parras de la Fuente, Coahuila, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos realizados ilegalmente.
De acuerdo con datos de investigación contenidos derivados de la causa penal 2458/2022, el ex alcalde habría realizado contrataciones por invitación directa con dos proveedores que no pertenecían al Padrón de Proveedores del Ayuntamiento de Parras de la Fuente, por el servicio de arrendamiento de automóviles, siendo el primer contrato por un monto aproximado de 855 mil pesos y otro más por 250 mil.
Asimismo, durante la exposición del caso, agentes del Ministerio Público remarcaron ante la juzgadora que el Ayuntamiento al frente de Ramiro no entregó el Padrón de Proveedores del 2019 durante el proceso de entrega-recepción con la administración municipal entrante, presentando únicamente el Padrón del 2020 y 2021, lo que representaría una acción con dolo para ocultar otras irregularidades.
En contraparte, la defensa del imputado manifestó que, aunque el acusado sí firmó los citados contratos que recayeron en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, éste no contaba con la facultad y responsabilidad de funciones para la revisión total de los documentos.
«Existen unidades encargadas de que todo lo que obre en los contratos esté bajo los parámetros. Es como si dentro de las facultades que tiene en su calidad de alcalde, le diéramos tareas de seguridad pública en calidad de policía”, señalaron los abogados de Ramiro Pérez.
A lo anterior, la jueza contestó que cualquier persona, sin importar su estatus social o político, debe revisar el contenido de los documentos que firma, sobre todo los que recaen en relaciones comerciales o similares.
Los defensores buscaron la inimputabilidad del delito bajo el alegato de que el caso debería investigarse por la Fiscalía General de la República (FGR) al asegurar que los recursos que se emplearon para los contratos emanaron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, aportado por el Gobierno Federal para municipios.
Luego de escuchar a ambas partes, María Antonieta consideró la suficiencia de datos de prueba para abrir un proceso de investigación complementaria que permita robustecer los datos de prueba en vías de descartar o comprobar la responsabilidad del ex alcalde en el delito en cuestión.
En tanto, Ramiro Pérez permanecerá en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo hasta concluir el plazo de investigación fijado a dos meses. (OMAR SOTO / EL HERALDO)
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