Presenta auditor superior de Coahuila el Informe Anual de Resultados de Cuenta Pública 2021 

El auditor superior de Coahuila, Manuel Ramírez Briones, presentó este lunes el Informe Anual de Resultados de Cuenta Pública 2021, en el que destacó que a nivel estatal se emitieron observaciones por 4 mil 483.45 millones de pesos y en cuanto a lo municipal por 2 mil 222.68, lo que da un total de 6 mil 706.13 millones de pesos que no se han comprobado por instancias públicas.

Sin embargo, destacó que el monto económico con afectación al erario público descendió en el 2021 al compararlo con el 2020, año en el que se observaron 8 mil 191.8 millones de pesos.

Lo anterior derivó de las mil 797 auditorías de cumplimiento, inversión y obra pública, legalidad, desempeño y financieras que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó en 2021 a nivel estatal y municipal.

«Con fundamento en el Artículo 74C de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 49 y 50 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, hicimos entrega del Informe Anual de Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas del Ejercicio 2021 al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública», manifestó el auditor superior.

«Estaremos atentos a cualquier instrucción al respecto, debido a que, como sabemos el Congreso es el encargado de finalizar el proceso de fiscalización superior, mediante la fiscalización del dictamen emitido por la propia Comisión (…). De igual manera, haremos del conocimiento del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, el contenido del Informe Anual para los efectos pertinentes», profundizó.

Asimismo, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, Ramírez Briones remarcó que el desglose completo de resultados del citado ejercicio puede consultarse en www.ase.gob.mx.

PROPUESTAS AL CONGRESO 

Durante el evento, se detalló que el Informe se acompañó de una serie de propuestas para el Congreso del Estado, entre la que destacó la de acortar el plazo para solventar las observaciones y para la atención de los períodos de recomendaciones que emita la Auditoría de 40 a 20 días hábiles, con la finalidad de que este organismo eficiente su proceso de revisión.

Aunado a la moción anterior, se sugirió al Congreso que funcionarios públicos que resulten señalados de algún ejercicio ilícito en el manejo de recursos públicos, puedan tener acceso −por ley− a la asesoría y representación de un defensor público, para que, a su vez, sean sujetos a juicios políticos para comprobar o desestimar su responsabilidad. (OMAR SOTO / EL HERALDO)