«Hablando…
Cuando nos juntamos los primos en casa de la abuela, no faltaban los juegos, las risas y tampoco las peleas. Una tarde, mientras jugábamos a la lotería, unas primas (que eran hermanas entre sí) comenzaron a pelear intentando arrebatarse una tabla, porque alegaban que era «la de la suerte». Mi abuela tomó una decisión salomónica, agarró la tabla e hizo ademán de partirla por la mitad, de inmediato las primas se calmaron y acordaron turnarse la tabla en cada jugada, mi abuelita se rió y dijo: ya ven, «hablando, se entiende la gente» aunque más bien, yo creo que mis primas, entendieron por su gesto amenazante.
El pasado fin de semana, la CNDH anunció las «Mesas de diálogo permanente: en defensa del pueblo» por la Acción de Inconstitucionalidad (AI) 098/2022 promovida por la comisión en contra de la 3 de 3 contra la violencia. Según la ficha de la mesa de trabajo del 26 de agosto «el discurso estuvo dirigido hacia afirmar que el diálogo es necesario» y en una nota al pie, se hace mención que se convocará a nuevas mesas a través de redes sociales y que se tratarán diversos temas, no sólo la AI, con el propósito de emitir un documento del resultado de éstas «mesas de diálogo».
Si bien es cierto que el diálogo y el debate son necesarios cuando pretendemos un ejercicio democrático para llegar a la paz, también lo es, que el momento para realizarlo ya no es el oportuno, toda vez, que ya no es posible retirar la AI y por más diálogo que se lleve a cabo, la SCJN tiene que resolver sobre los documentos que se le han hecho llegar, la Acción de Inconstitucionalidad y el Amicus Curiae. Por lo que, las mal llamadas «mesas de diálogo» constituyen no un ejercicio democrático, más bien, un monólogo a modo para intentar sesgar la opinión pública en contra de las promoventes de la 3 de 3 contra la violencia.
Sin embargo, a pesar de que existan muchos detractores de la iniciativa 3 de 3, que son aquéllos que se benefician de los puestos de poder para violentar a mujeres y niños, también se encuentran aliados en el camino, legisladores como los de Sinaloa, quiénes aprobaron por unanimidad, las reformas de la 3 de 3 contra la violencia, para que ningún deudor alimentario o condenado por violencia, pueda acceder a cargos tales cómo regidores, síndicos procuradores, alcaldes, gobernadores y diputados.
A pesar de lo que pueda alegar en sus mesas a modo la CNDH, la necesidad de este tipo de reformas para garantizar el interés superior de la niñez y una vida libre de violencia para las mujeres, es a todas luces evidente. Basta con revisar, por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, donde encontramos que el 19.1 % de las mujeres de 15 años o más, han recibido violencia económica o patrimonial a lo largo de su relación. A su vez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que de enero a agosto de 2021, habían sido presentadas 15,495 denuncias por incumplimiento de asistencia familiar en México. Además, según datos del INEGI, en México 4 de cada 10 hogares tienen un padre ausente. Lo anterior se traduce en condiciones inapropiadas para el sano desarrollo de los hijos al no contar con lo mínimo necesario para garantizar su sustento, así cómo, en mayores condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, pues mientras los primeros se deslindan de responsabilidades legales y morales de su familia sin ninguna consecuencia, las segundas soportan, ellas solas, la carga social y económica que supone criar a los hijos.
Si como Instituciones y Organismos «Autónomos» de Gobierno no reconocemos que es necesario un cambio estructural que permita establecer mecanismos más eficaces para erradicar la violencia contra las mujeres, estamos encaminados a la debacle social. Es urgente que el Senado se pronuncie respecto a la Acción de Inconstitucionalidad de la CNDH y se sume a la exigencia por una vida digna para infancias y mujeres en México.
Porqué, cómo decía mi abuela, «hablando se entiende la gente» y es momento de que Rosario Piedra Ibarra hable, pero no en sus diálogos a modo, sino en comparecencia ante el Senado, para que aclare ¿cómo es que se puede defender los intereses de delincuentes por encima del interés superior del menor?
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