Discute Congreso de Coahuila en comisiones reforma electoral del estado

30 de septiembre es la fecha límite para que pueda tener efecto en el próximo proceso; señala Eduardo Olmos

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Eduardo Olmos Castro, dijo que al momento la propuesta para lo que será la nueva reforma electoral de estado se encuentra en discusión al interior de las comisiones del Legislativo, e indicó que hay tiempo suficiente para planear cuidadosamente los contenidos de ese instrumento, que deberá aprobarse a más tardar el 30 de septiembre para que pueda tener efecto en el próximo proceso electoral de 2023.

El líder del Congreso señaló que durante todo el mes de agosto se estará diseñando la ruta de la nueva legislación, cuyo tema central es garantizar la paridad de género, además de cumplir los lineamientos y preparar las alternativas necesarias para que exista un mecanismo plural y acorde a los cambios establecidos, según manifestó.

Indicó que, de ser necesario, sería solicitada la realización de un período extraordinario del Congreso para analizar los principales aspectos que conformarán esta reforma electoral y adelantó que no necesariamente tendría que presentarse una sola iniciativa para que sea discutida por el pleno de los legisladores, sino que puede ser “una, o dos o una combinación”.

“En ese sentido yo creo que nosotros todavía tenemos todo el mes de agosto para estarlo discutiendo. Tenemos hasta el último de septiembre, entonces ese mes tendríamos nada más que hablar de cuatro sesiones o ahí podría caber alguna extraordinaria, pero no creo que sea necesario porque sí hay el tiempo suficiente como para poder pensar en una iniciativa que se pudiera discutir y que se pudiera aprobar”, expuso el presidente del Congreso.

“En ese sentido, se ha desarrollado una nueva dinámica donde ha habido circunstancias adicionales en función de la reforma y yo creo que es mejor pensar en un nuevo planteamiento, en una nueva reforma, no necesariamente tendría que ser una reforma con muchos cambios constitucionales, yo creo que en ese sentido únicamente estamos hablando de un proceso en el que hay que discutir y valorar”, agregó.

Además, el directivo mencionó que en el caso de la primera ley que fue “tumbada” por el tribunal, el problema que se presentó con los municipios fue en el proceso de autorización, donde tendría que haberse pasado por la Comisión de reglamentación, y en algunos de los ayuntamientos no se hizo de esta manera, por lo que el proceso no se agotó. (ÁNGEL AGUILAR/ EL HERALDO)