Hace casi tres años que López Obrador se comprometió al rescate de los cuerpos de los 63 mineros que murieron en la explosión de febrero de 2006, pero es fecha que los trabajos para lograrlo ni siquiera han comenzado
El rescate de los restos de los 63 mineros que murieron atrapados en febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, fue una promesa que el presidente López Obrador hizo públicamente a las familias de los trabajadores el 1 de mayo de 2019.
Posterior a la promesa, el 28 de octubre de 2019, la Secretaría del Trabajo federal firmó un convenio con el Servicio Geológico Mexicano para que éste realizara un análisis sobre la viabilidad del rescate. A partir de este convenio, se integró un comité de expertos, tanto nacionales, como de Alemania, Australia, China y Estados Unidos, los cuales concluyeron que debido a la alta peligrosidad y al costo que supondrá intentar recuperar los restos, aunado a la alta probabilidad de que no se encuentre nada por los años que ya transcurrieron del suceso, el rescate era altamente desaconsejable.
No obstante, también concluyeron que, técnicamente, era viable, y propusieron como única alternativa posible la construcción de una rampa de acceso que llegue directo a la zona del hundimiento, en unas obras que pueden demorarse entre 4 y 8 años.
Una vez obtenido el visto bueno de los expertos, en septiembre de 2020 el Gobierno Federal le encargó a la CFE el proyecto de las obras, a la que le pidió que completara el rescate en cuatro años, es decir, antes de que termine este sexenio.
En octubre de 2020, durante la presentación oficial del proyecto, la CFE hizo público un cronograma en el que, paso a paso, expuso cuáles son los tiempos que deben cumplirse en cada etapa de la obra para que esté lista en 2024, como pidió el presidente.
En ese documento, también de acceso público, la CFE estableció, por ejemplo, que a este mes de febrero de 2022 ya deberían estar completadas las fases de la licitación de todo el proyecto y también la construcción de la rampa y de los túneles de acceso. Incluso, en este mes de febrero, ya debería haber dado inicio la búsqueda y el rescate del primer grupo de mineros.
Sin embargo, esa fase de rescate aún parece lejana, ya que, tal y como consta en el portal público de contrataciones de la propia CFE, apenas el pasado 8 de este febrero la Comisión adjudicó un contrato por 308 millones de pesos para “la construcción de lumbreras”, es decir de túneles, a la constructora Desarrollo de Terracerías/Proacon, del empresario Olegario Vázquez Raña.
Esta adjudicación también se produjo con polémica, pues Vázquez Raña, integrante del consejo asesor empresarial del presidente, es uno de los empresarios más cercanos a López Obrador.
Además, la adjudicación del contrato tuvo lugar después de que la licitación original, que era un concurso internacional abierto, permaneció desierta durante meses, luego de que esta misma empresa fuera descalificada por no cumplir con todos los requisitos.
Según consta en el documento público ‘Decisión de Adjudicación’, la CFE explicó que tras haber quedado desierto el concurso abierto, invitó directamente a la compañía de Vázquez Raña a que presentara una nueva oferta técnico-económica, misma que ahora sí aceptó por 308 millones de pesos.
Por el momento, la licitación de la otra gran obra de rescate, la de la rampa que dará acceso al lugar siniestrado, continúa desierta. (ANINMAL POLÍTICO)
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