Estalla nuevo escándalo, millonarios coahuilenses involucrados

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3 octubre, 2021

Armando Guadiana, Enrique Martínez y varios funcionarios ligados a AMLO guardan millones en paraísos fiscales. Además, omiten declararlos en sus declaraciones patrimoniales. “Me atonte” dice Guadiana al ser consultado

Negocios offshore de al menos 3 mil mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto en una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Eelemento Lab.

Entre los nombres que resaltan en la investigación obtenida por el ICIJ se encuentran Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador coahuilense por Morena, Armando Guadiana; el ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La investigación denominada Pandora Papers señala que ciudadanos mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

Según la investigación, Julio Scherer Ibarra, quien se desempeñó hasta hace unas semanas como consejero jurídico de la Presidencia y es uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach.

En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.

Según los Pandora Papers, el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.

Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.

En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar sus ingresos por actividades empresariales, financieras o servicios profesionales, enajenación de bienes o cualquier otro ingreso aparte de su salario como legislador. Anotó “ninguno” ahí donde debía reportar sus inversiones, cuentas y otro tipo de valores o activos, sus bienes inmuebles y fideicomisos.

-¿De dónde viene ese patrimonio declarado cuando creó su fideicomiso? se le preguntó en entrevista previa a la publicación.

-Yo no sé, fíjate, porque la cantidad eso sí desconozco. Le diría una mentira.

Y en cuanto a lo declarado en su patrimonial contestó. “Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial, entendieron que, si no tenía conflicto de interés”, dijo Guadiana, “Me atonté en el asunto de la Declaranet”.

En entrevista, el legislador explicó que Hawaii Trust fue creado para desarrollar un proyecto minero de carbón en la provincia de Santander, en Colombia, que no prosperó por las condiciones de inseguridad de la guerrilla. “Todavía tenemos el proyecto, de hecho nada más nos ha costado dinero, no hemos hecho nada”, dijo Guadiana en la entrevista telefónica.

Planeaba desarrollar el proyecto con socios inversionistas colombianos, aunque no recuerda sus nombres “ellos querían cosas offshore” y por eso “se creó la entidad (Hawaii Trust) pero no se invirtió, no se aportaron bienes, yo creo que se extinguió”. Cuestionado sobre la empresa en las Islas Vírgenes, respondió: “Yo no sé, no tengo los datos exactos pero voy a checarlo con los contadores (…) No estoy seguro si está viva la mentada Atlantic”, dijo el legislador.

El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.

La compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.

En una carta enviada para este reportaje, el secretario aseguró que los recursos fueron “producto del ejercicio profesional en el sector privado”. No precisó el monto que invirtió a través de su offshore y aseguró, además, que el despacho lo defraudó y que él perdió su dinero.

La empresaria Julia Elena Abdala Lemus, quien es pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.

La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.

Julia Elena Abdalá y su esposo Manuel Bartlett

La compañía es dirigida por tres ejecutivos nominales, pero quien realmente lleva las riendas es Abdala: en diciembre de 2017 recibió poderes para realizar acciones como comprar bienes, pedir créditos, otorgar préstamos, celebrar contratos, participar en licitaciones, comprar acciones y presentar demandas. También recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Las Bahamas, según los Pandora Papers.

Abdala, quien no estuvo disponible para responder las solicitudes de comentarios, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador. Una investigación periodística publicada en 2019 por el equipo de Carlos Loret de Mola documentó que la familia Bartlett poseía una fortuna no declarada valuada en 800 millones de pesos en propiedades, algunas a nombre de Abdala. La Secretaría de la Función Pública exoneró al titular de la CFE y cerró el caso al no encontrar delitos.

En la cartera de clientes de Stanford también figuraba Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.

Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, según los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración. En una carta, Martínez y Martínez ha respondido que buscaba tener “una inversión segura en dólares” y un “rendimiento competitivo”.

El político asegura que no incluyó estos bienes en sus últimas declaraciones patrimoniales porque el fraude de Stanford representó un “fuerte quebranto” para su patrimonio familiar y porque el banco ya se había declarado en quiebra, por lo que nunca pudo recuperar ese dinero. “Si hubiera alguna falta no ha sido intencional ni con propósito de omitir el cumplimiento a una obligación”, detalla.

Empresarios y aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto crearon empresas o fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar sus fortunas o para comprar inmuebles y yates. Estos entramados financieros les permitieron resguardar sus bienes con la garantía del máximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles. Entre las figuras allegadas al exmandatario priista está Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera. Pierdant constituyó tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas en 2009 y 2012 con el propósito de usarlas como un “vehículo de inversión”. Consultado al respecto negó que las compañías estuvieran relacionadas a Peña Nieto o su familia y aseguró que son totalmente lícitas, pero no fueron utilizadas. “Jamás han tenido actividad ni movimiento económico alguno”, reiteró. Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros. Carlos Peralta Quintero, uno de los empresarios consentidos de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio anterior, está vinculado a tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario.

Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000 Francisco Labastida Ochoa, aparece en los documentos vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006. Labastida Gómez de la Torre, quien fue secretario de desarrollo económico en Sinaloa en 2016, se convirtió en accionista mayoritario de la empresa Fuentes Pyasa Corp en junio de 2008 tras adquirir 20.000 acciones. Esta compañía era la propietaria de una embarcación denominada “Pez Gordo”. En una actualización hecha por Trident Trust en 2014 a las estructuras bajo su registro, se lee que la empresa había sido cerrada. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación, Labastida Gómez de la Torre detalló que la empresa de la cual adquirIó los derechos de uso de la embarcación no ha tenido operaciones mercantiles. “Yo fui un comprador de buena fe, con la intención de comprar un paquete accionario que me ofreciera los derechos para hacer uso y disfrutar de una embarcación turística y no para llevar a cabo ninguna otra operación mercantil”.

Invertir y crear empresas en paraísos fiscales no es un delito. Sin embargo, en el menú de servicios financieros offshore prima el anonimato y mecanismos legales que permiten eludir el pago de impuestos en los países de origen de quienes las crean. “Mientras entre el dinero, ellos no hacen preguntas”, señala la organización Tax Justice Project. Ahí es cuando la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa. “Se supone que a través de la figura del fideicomiso o de la offshore [la idea] es esconder papel tras papel tras papel a quién pertenece realmente”, apunta Iván Octavio Rojas, presidente del Colegio Fiscal de México. El abogado Luis Pérez de Acha señala que a menudo se justifican estas operaciones como “dinero legalmente oculto” para administrar un patrimonio o por cuestiones de seguridad, sobre todo en países con índices delictivos como México.

Sin embargo, estas estructuras suelen ser tan opacas que pueden convertirse en campo fértil para delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y actos de corrupción. “Son empresas fantasma”, afirma Pérez de Acha, “el rastreo del dinero por parte de los gobiernos se complica bastante”. Aunque México cuenta con acuerdos de intercambio de información fiscal con algunas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas, es poco común que ocurran este tipo de peticiones. Fuentes diplomáticas consultadas corroboraron que es muy complicado para las autoridades mexicanas monitorear la actividad de inversionistas offshore.

“En cuanto al uso, normalmente podemos encontrar a multinacionales mexicanas y también a individuos con patrimonios de alto valor”, señala César Catalán, portavoz del Colegio de Contadores Públicos, aunque en su opinión “el 99%” de los casos son legales. Aramburuzabala, la mujer más rica de México, adquirió dos aviones privados y movió al menos 40 millones de dólares al extranjero a través del Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba a una empresa homónima en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva más baja de EE UU. La empresaria, que no respondió a múltiples solicitudes de comentarios, también utilizó otras sociedades estadounidenses y escocesas para hacerse de propiedades en Utah y Nueva York, con un valor conjunto de siete millones de dólares y sin que ella apareciera por nombre en los registros de la propiedad.

Larrea, el segundo hombre más acaudalado del país, es el único accionista y director de nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, controlaban a otras sociedades estadounidenses que son propietarias de bienes raíces en zonas exclusivas de EE UU. Los apartamentos del dueño de Grupo México registrados a nombre de empresas de papel incluyen residencias en Vail (Colorado) y Chicago, entre otros, con un valor conjunto por 36,9 millones de dólares, según los archivos del despacho Trident, la mayor fuente de documentos en la filtración. El empresario no respondió a un cuestionario al respecto.

Las Islas Vírgenes Británicas fueron el destino predilecto de los mexicanos en la filtración. Una solicitud de información a la Fiscalía General de la República da cuenta de que desde 2010 solo se ha atendido una petición de colaboración e intercambio de información judicial entre el archipiélago y las autoridades mexicanas, dos siguen en trámite desde 2018.

Chuck Collins, autor de Los acumuladores de riqueza: cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, afirma que hay ejércitos de abogados y asesores que trabajan a favor del 1% más rico del mundo, con esquemas de opacidad que se han vuelto injustificables. “Los mayores perdedores son los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes dependen de que haya seguridad social y servicios públicos de calidad”, comenta el especialista, “todo ese sistema sufre cuando los ricos no pagan su parte”. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculan que la evasión fiscal provoca pérdidas anuales del 4% del PIB en México. Todo esto en un país donde el 1% de los mexicanos más ricos concentra el 29% de los ingresos y las 50 empresas más grandes representan alrededor del 40% del PIB, según Naciones Unidas.

“¿Cómo se puede sacar dinero de un país saqueado y llevarlo a un paraíso fiscal sin que pase nada? Es inmoral”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera del 18 de agosto de 2020. En enero del año pasado entró en vigor la Reforma Fiscal Penal, con la promesa de atacar la evasión y el fraude fiscal. “[Se dijo] que se había acabado la fiesta de las empresas fantasma y el mensaje político-mediático fue muy poderoso, pero ya pasó año y medio y no ha sucedido nada”, lamenta Pérez de Acha. A pesar de los esfuerzos por acabar con las condonaciones a los grandes contribuyentes, México sigue teniendo una tasa de recaudación de impuestos que fluctúa entre el 14% y el 17% con relación al PIB, según distintas metodologías, menos que el 22,9% que promedia América Latina y que el 33,8% de los países de la OCDE. (Con información de QuintoElementoLab, El Universal y El País)

Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) colaboraron en la elaboración de este reportaje.