De acuerdo con la Sentencia SRE-PSC-156/2024 emitida por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Judith Alejandra Salazar Mejorado fue encontrada culpable del Violencia Política de Género, por lo que, de acuerdo con el Código Electoral de Coahuila, Constitución Mexicana y Lineamientos de la Declaración “10 de 10 Contra la Violencia”, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) deberá retirarle su registro como candidata a la alcaldía de Saltillo por Morena.
Según la “10 de 10”, no podrán ser candidatas las personas que, por sentencia firme, se encuentren en los supuestos previstos en los artículos 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Electoral de Coahuila, consistentes en… 7) Por violencia política de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Lo anterior recae en la cumplimentación, por parte del Electoral de Coahuila, de lo estipulado en el artículo 26 del referido Código, que establece que, en caso de una sentencia firme hacia una persona candidata por violencia política de género, deberá, tras el debido análisis de la información y documentación relacionada con el caso, “resolver acerca de la cancelación de la candidatura a través del Consejo General y de igual manera podrá darse vista al Tribunal Electoral para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda”.
De acuerdo con información del propio Tribunal, la sentencia sostiene que la mencionada, junto a otra persona identificada como Frank Salas, cometió violencia política de género “contra una mujer que ejerce un cargo público con la difusión de publicaciones en redes sociales en el contexto de la discusión de la reforma energética, en la Cámara de las Diputaciones”.
Aunado a la disolución de su candidatura, Salazar Mejorado deberá permanecer un año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), pagar una multa de nueve mil pesos, publicar la sentencia en sus redes sociales, difundir una disculpa pública y tomar un curso sobre esta materia. (OMAR SOTO)
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