La confianza no se recupera por decreto
Algo “extraño” sucede con la economía mexicana. Comienzan a aparecer señales de recuperación, mejoran algunas expectativas de crecimiento y las manufacturas muestran cierto dinamismo. Sin embargo, los empresarios siguen sin confiar en las condiciones del país para invertir. Y no se trata de una impresión: el INEGI reportó que la confianza empresarial acumuló en octubre veinte meses consecutivos por debajo del nivel considerado favorable.
Los números son todavía más preocupantes cuando hablamos de inversión. Según la encuesta de octubre del Banco de México, apenas el 13% de los especialistas considera que es un buen momento para invertir. Y entre los empresarios afiliados a Coparmex, solamente el 23% comparte esa percepción. ¿Por qué, si las perspectivas económicas comienzan a mejorar, persiste semejante desconfianza?
Sería cómodo atribuirlo todo a Donald Trump y a la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC. Sin duda, las condiciones internacionales pesan. Pero buena parte de los obstáculos se encuentran dentro de nuestras fronteras y son consecuencia de decisiones que los gobiernos de Morena han impulsado.
Comencemos por la reforma judicial. Una investigación reciente de Coparmex reveló que el 67.8% de las empresas consultadas considera que los cambios judiciales han afectado negativamente sus decisiones de inversión. Más grave todavía: el 28.8% reconoce haber reducido o pospuesto proyectos. Cuando los inversionistas dudan de la independencia de los tribunales y de la protección de sus contratos, naturalmente prefieren esperar.
A ello se suma el debilitamiento de contrapesos institucionales, incluida la desaparición de organismos autónomos como el INAI y la Cofece. También la política energética, que privilegia a Pemex y CFE y mantiene restricciones a la participación privada. Sin electricidad suficiente, reglas claras y certeza regulatoria, difícilmente podremos aprovechar nuestras oportunidades industriales.
Pero hay otro problema todavía más cotidiano: la inseguridad. Coparmex encontró que el 45.6% de sus empresas afiliadas sufrió algún delito. La extorsión y el robo de mercancías encabezan los problemas reportados. Además, casi seis de cada diez empresas incrementaron sus gastos de seguridad. Dinero que debería servir para contratar trabajadores, modernizar maquinaria o ampliar instalaciones termina destinándose a proteger lo que ya existe.
Y todavía falta agregar la burocracia: el 46.9% de las empresas consultadas reportó dificultades con los trámites gubernamentales. Producir en México implica demasiadas veces enfrentar obstáculos que las propias autoridades generan.
El problema no se resolverá convocando empresarios a Palacio Nacional para pedirles que inviertan. Se necesita garantizar independencia judicial, combatir la extorsión, ofrecer certidumbre energética, simplificar trámites y orientar la inversión pública hacia infraestructura, salud y educación.
Porque ningún empresario arriesga su patrimonio solamente porque el gobierno le asegure que todo marcha bien. Invierte cuando existen condiciones para crecer.
Morena puede presumir mejores expectativas económicas. Pero mientras no corrija las decisiones que generan incertidumbre, la recuperación de la confianza seguirá siendo una promesa pendiente.
