El diputado José Alberto Hurtado Vera presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para incrementar las penas por violencia familiar a un rango de dos a ocho años de prisión, ante los indicadores de agresiones dentro de los hogares que expuso durante su intervención en tribuna.
La propuesta plantea reformar el primer párrafo del artículo 251 del Código Penal del estado para elevar las sanciones que, de acuerdo con el documento, actualmente van de seis meses a seis años de cárcel.
El legislador de Morena sostuvo que la violencia familiar requiere atención especial, además de las estrategias de seguridad y coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Hay un tema que está creciendo y nos duele mucho que es la violencia familiar”, expresó.
Para sustentar su propuesta, Hurtado citó datos del INEGI según los cuales el 72.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Coahuila declaró haber padecido algún tipo de violencia; el 39.7 por ciento reportó violencia en una relación de pareja y el 11.6 por ciento en el ámbito familiar.
También mencionó información difundida por el periódico Vanguardia sobre un aumento del 60 por ciento, durante marzo de este año, en las atenciones hospitalarias a mujeres que sufren violencia en sus hogares.
Durante su exposición, afirmó que en enero de 2025 se registraron en Coahuila 2 mil 123 presuntos delitos de violencia familiar, equivalentes al 5.3 por ciento del total nacional. Añadió que la entidad concentró el 6.1 por ciento de las llamadas de emergencia relacionadas con este problema durante el periodo señalado.
Hurtado reconoció que aumentar las penas de prisión debe acompañarse de políticas públicas orientadas a prevenir las agresiones.
“Evidentemente la cárcel no puede ser utilizada para generar que este delito vaya a la baja, pero es un conjunto de políticas públicas que se tienen que implementar para que con ello podamos entrar en una verdadera estrategia de prevención y que estos delitos vayan realmente a la baja”, señaló.
La iniciativa mantendría los demás elementos del delito y las consecuencias jurídicas previstas, incluidas las disposiciones sobre pérdida de derechos respecto de la víctima, patria potestad, régimen de visitas y tratamiento psicológico especializado.
De acuerdo con el planteamiento, la reforma no contempla crear dependencias, programas ni estructuras administrativas. El legislador sostuvo que su propósito es fortalecer la protección de las familias y contribuir a que las personas puedan vivir libres de violencia dentro de sus hogares.
