Aunque la Profeco y la Ley Estatal de Educación establecen que los padres deben tener libertad para elegir dónde adquirir los uniformes escolares, colegios particulares de Saltillo mantienen prendas disponibles prácticamente con un solo proveedor, eliminando la competencia y llevando el costo de los uniformes completos hasta cerca de 8 mil pesos por alumno
A pesar de que es una práctica prohibida por la ley, los colegios particulares de Saltillo, en contubernio con los proveedores de uniformes, han monopolizado la venta de uniformes, estableciendo precios exorbitantes por cada prenda, ante la imposibilidad de los padres de familia de adquirirlos en otro sitio.
La Procuraduría Federal del Consumidor ha señalado a nivel nacional que las escuelas particulares no pueden obligar a padres de familia a comprar útiles, uniformes o materiales escolares con un proveedor determinado, pues, de acuerdo con la dependencia federal, las familias deben poder tener la libertad de comparar precios y elegir dónde adquirir estos productos. Los colegios deben permanecer ajenos a este proceso y sobre todo, no condicionar la inscripción o permanencia de un estudiante a la compra en un establecimiento específico.
De hecho, la Ley Estatal de Educación de Coahuila lo establece en el artículo sexto, que dice:
“Las escuelas públicas y privadas en el Estado de Coahuila que establezcan el uso de uniformes para los alumnos, deberán conceder un plazo de hasta cuarenta días hábiles para que cumplan con este requisito, otorgando a los padres y tutores la libertad de adquirirlos con el proveedor de su elección, para lo cual, las escuelas deberán autorizar diversos proveedores para la adquisición de los uniformes, quedando prohibido la práctica de un único proveedor exclusivo”.
También señala que la falta de uniforme escolar no debe ser motivo para impedir o negar el acceso a los servicios educativos a los estudiantes, sin hacer distinción entre si se trata de una escuela pública o privada.
En cuando a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ésta contempla que los proveedores no pueden aplicar prácticas abusivas ni establecer condiciones que coloquen a los consumidores en desventaja injustificada. En el caso de las escuelas particulares, Profeco puede revisar si existe una práctica comercial indebida cuando la prestación del servicio educativo depende de comprar con un proveedor específico.
LO QUE PASA CON LOS COLEGIOS DE SALTILLO
Los colegios de Saltillo y los fabricantes y/o vendedores de uniformes han prácticamente monopolizado esta práctica, pues, aunque no se señala directamente que se deba adquirir las prendas con un proveedor específico, sí existe un único proveedor con el uniforme de cada escuela, lo que les permite establecer precios por propia decisión sin preocuparse por competencia alguna.
Es decir, cada proveedor de los que existen en Saltillo tiene asignadas a ciertas instituciones educativas, y los demás proveedores “respetan” esa asignación, por lo que no fabrican ese uniforme, dejando a una sola marca la venta.
Uno de los proveedores con más escuelas asignadas es el denominado Creaciones Lizt, quien ofrece de manera exclusiva los uniformes para el Colegio Americano; el Colegio Inglés; el Colegio Ignacio Zaragoza de La Salle; el Colegio Nicolás Bravo; el Colegio Piamonte; el Liceo Freinet, y el Colegio North Hill.
En su tienda en línea tiene establecidos los precios que tiene para cada tipo de prenda, que son muy por encima de los precios de uniformes genéricos, de la misma calidad y tipo de tela, que se encuentran en tiendas del Centro de Saltillo.
Por ejemplo, mientras un pantalón de vestir de tallas infantiles puede ser comprado por entre 200 y 300 pesos en tiendas como Del Sol o Milano, en Creaciones Lizt cuesta entre 397 y 590 pesos.
En ese mismo sentido van las playeras tipo polo que son vendidas por entre 372 y 525 pesos cada una, por Creaciones Lizt, mientras que en el mercado las genéricas rondan entre 150 y 200 pesos.
En ejemplos por escuela, adquirir los uniformes completos de cada colegio (el de diario y el deportivo) cuesta alrededor de 3 mil 424 pesos por alumno en el Colegio Nicolás Bravo; alrededor de 7 mil 439 pesos en el Colegio Americano, y 7 mil 786 pesos en el CIZ La Salle.
Todo esto sin contar uniformes de equipos representativos o chamarras de invierno que suelen ser adquiridas después.
Apenas hace una semana el diputado local coahuilense, Felipe Eduardo González Miranda, propuso reforzar la vigilancia sobre escuelas particulares que obliguen a las familias a comprar uniformes, útiles o libros con proveedores determinados.
El planteamiento del diputado señaló sobre casos en los que colegios privados condicionan la inscripción o la prestación de sus servicios a que los padres de familia adquieran materiales escolares en establecimientos determinados, incluso cuando existen otras opciones en el mercado.
De acuerdo con la propuesta, estas prácticas pueden representar un gasto adicional para las familias cuando los productos ofrecidos por los proveedores señalados por las instituciones tienen precios superiores a los disponibles en otros establecimientos.
González Miranda señaló que el gasto promedio por estudiante puede alcanzar hasta los 10 mil pesos, por lo que plantea garantizar que madres y padres tengan libertad para comparar precios y decidir dónde adquirir los productos solicitados por las escuelas.
¿DÓNDE PUEDO PRESENTAR UNA QUEJA?
Cuando una institución condiciona la inscripción, la entrega de documentos o la asistencia a clases a realizar compras con un proveedor determinado, los padres pueden solicitar por escrito la explicación de esa exigencia.
Si se trata de una escuela particular y consideran que existe una práctica comercial abusiva, es posible presentar una queja ante la Profeco, a los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, o visitar desde cualquier lugar en http://telefonodelconsumidor.gob.mx/.
También se puede hacer de manera presencial en la Oficina de Profeco en Saltillo, ubicada en el bulevar Luis Echeverría número 715, frente a Plaza Real, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En caso de considerar que también se vulneran los derechos de los estudiantes, pueden acudir ante la autoridad educativa correspondiente. (José Torres | El Heraldo de Saltillo)
