Récord de empleo… precario
En los informes oficiales todo suena maravilloso: “récord de empleo”, “salario mínimo recuperado”, “tasa de desempleo más baja de la OCDE”. Faltaría agregar música épica y confeti en la mañanera. Pero cuando uno baja de las gráficas al comedor de cualquier familia mexicana, la historia cambia: sueldos que no alcanzan, trabajos sin contrato, miedo a perder la chamba de un día para otro y la angustia de tener que sacar dinero de la Afore para poder comer. Esa es la economía real. No la que se presume en las conferencias, sino la que se padece en la mesa de la cocina.
Hoy, más de la mitad de quienes trabajan en México lo hacen en la informalidad. La UNAM estima que alrededor de 55% de las personas ocupadas no tiene contrato ni prestaciones básicas como seguridad social, aguinaldo o vacaciones, y que esa tasa lleva dos décadas prácticamente estancada entre 55 y 59%. Es decir: el gobierno presume empleo, pero millones de mexicanos lo que tienen es sobrevivencia disfrazada de ocupación. Tener jefe ya no significa tener derechos. Tener trabajo ya no significa tener estabilidad. Tener ingreso ya no significa poder vivir con dignidad.
La precariedad se refleja en un dato brutal: la pobreza laboral. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias calcula que 65.8% de las personas que estaban en pobreza laboral en 2025 siguieron atrapadas ahí un año después; apenas 34.2% logró salir. Dicho sin tecnicismos: para dos de cada tres hogares, trabajar no alcanza siquiera para comprar la canasta básica alimentaria. Y nueve de cada diez personas que permanecen en esa pobreza laboral están en el sector informal, sin seguridad social, sin estabilidad y sin red de protección. Pero, claro, siempre queda el consuelo oficial: en el PowerPoint del gobierno, todo va de maravilla.
A esto se suma un indicador que debería encender todas las alarmas: los retiros por desempleo de las Afores rompieron récord. Solo en mayo de 2026, más de 173 mil personas tuvieron que retirar 3,824 millones de pesos de sus cuentas de ahorro para enfrentar la falta de trabajo, 20% más que un año antes. Esa cifra no habla de confianza ni de bienestar. Habla de desesperación. Habla de gente que hoy necesita sobrevivir y que mañana tendrá menos semanas cotizadas y una pensión más baja. Es el México de la precariedad perfecta: tortilla para hoy, hambre para mañana.
Mientras tanto, la creación de empleo formal sigue sin despegar. En los primeros cinco meses de 2026, el país generó poco más de 200 mil plazas formales, cuando se necesitarían al menos 500 mil para absorber a quienes se incorporan al mercado laboral. Diversos analistas advierten que 2026 puede convertirse en uno de los cuatro peores años de este siglo en generación de empleo formal. Es cierto que el salario mínimo ha crecido en términos reales y que el salario base de cotización en el IMSS muestra avances. Nadie niega eso. El problema es que esos avances conviven con una realidad donde la inflación, la informalidad, la falta de plazas formales y el cierre de pequeñas empresas se comen, todos los días, buena parte del supuesto milagro laboral.
Ante este panorama, el gobierno federal insiste en vender una narrativa de éxito, como si bastara repetir “vamos bien” para que a las familias les alcance el dinero. Como si los programas sociales pudieran sustituir empleos dignos. Como si la propaganda pagara la renta, llenara el refrigerador o devolviera las semanas cotizadas que se pierden al retirar dinero de la Afore. Desde el Congreso no podemos conformarnos con aplaudir cifras bonitas mientras millones de mexicanos viven con miedo a que el siguiente mes sea peor.
Por eso, el compromiso debe ser doble: primero, reconocer sin maquillaje el tamaño de la precariedad; segundo, construir soluciones concretas. Eso implica abrir espacio al empleo formal en pequeñas y medianas empresas, que son las que más han resentido cierres, inseguridad, cargas fiscales y trámites absurdos. Implica simplificar la contratación formal para que dar empleo no parezca castigo. Implica reforzar incentivos a la formalización, no solo con sanciones, sino con acceso real a crédito, capacitación, seguridad social y acompañamiento. E implica revisar los programas sociales para que no sustituyan al trabajo, sino que ayuden a jóvenes, mujeres y personas desplazadas a incorporarse a empleos dignos.
Porque al final hay una verdad que ninguna mañanera puede maquillar: un país donde trabajar de sol a sol no alcanza para vivir con dignidad es un país que le está fallando a su gente. Y cambiar eso no empieza con discursos triunfalistas ni con cifras acomodadas para el aplauso. Empieza escuchando a las familias, reconociendo la realidad y legislando para que el trabajo vuelva a significar derechos, estabilidad y futuro. Lo demás es propaganda laboral con recibo de nómina precario.
